El hecho: La Contraloría encontró un hallazgo fiscal por $33.009 millones en la Unidad para las Víctimas por presuntas irregularidades en el manejo de bienes donados y registros contables.
¿Por qué es importante? Las inconsistencias detectadas podrían representar un detrimento al patrimonio público y derivar en procesos fiscales, disciplinarios y administrativos.
¿Cuál es el contexto? La auditoría revisó la gestión financiera y presupuestal de la Unidad para las Víctimas durante la vigencia 2025, incluyendo el manejo de recursos y el cumplimiento de políticas públicas.
¿A quiénes afecta y cómo? Los hallazgos comprometen la gestión de la entidad encargada de atender y reparar a las víctimas del conflicto, lo que podría impactar la ejecución de programas y el uso eficiente de los recursos públicos.
¿Qué intereses hay en juego? La transparencia en la administración de recursos estatales, la correcta destinación de bienes públicos y la confianza en las instituciones responsables de la atención a las víctimas.
El dato que no se puede perder: La auditoría concluyó con 23 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen presunta incidencia disciplinaria y uno presenta incidencia fiscal por $33.009 millones.
La Contraloría General de la República reveló los resultados de una auditoría financiera practicada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en la que identificó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por más de $33.009 millones, además de otras irregularidades relacionadas con la ejecución presupuestal y el manejo de la información contable durante la vigencia 2025.
El ejercicio de control fiscal evaluó los estados financieros de la entidad, la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de diferentes políticas públicas con corte al 31 de diciembre de 2025. Entre ellas se revisaron aspectos relacionados con atención a víctimas, discapacidad, construcción de paz, equidad de género, participación ciudadana, austeridad del gasto y sostenibilidad.
Hallazgo de la Contraloría en la Unidad para las Víctimas supera los $33.000 millones
De acuerdo con el organismo de control, uno de los principales hallazgos corresponde a la gestión de bienes entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en calidad de donación. La auditoría encontró que parte de estos elementos carecen de soportes que permitan demostrar su entrega a los beneficiarios finales.
Asimismo, la Contraloría advirtió que algunas mercancías no pudieron ser ubicadas físicamente y tampoco fueron incorporadas en los registros contables de la entidad. Estas inconsistencias dieron origen al hallazgo fiscal por $33.009 millones, al considerar que existe un posible detrimento al patrimonio público.
Además de las observaciones contables, el informe también evidenció dificultades en la ejecución del presupuesto asignado para 2025. La Unidad para las Víctimas contó con una apropiación superior a los $4,43 billones, de los cuales comprometió cerca del 98 %. Sin embargo, las obligaciones efectivamente ejecutadas representaron poco más del 50 % del total disponible.
Para la Contraloría, esta diferencia refleja una baja ejecución presupuestal que dejó rezagos cercanos a los $2 billones. Aunque la entidad adelantó acciones para aumentar el nivel de compromisos durante el año, estas no fueron suficientes para alcanzar las metas previstas ni responder plenamente a las necesidades institucionales.
Como resultado de la auditoría, el organismo de control consolidó 23 hallazgos administrativos. De estos, 18 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno corresponde al hallazgo fiscal por más de $33.000 millones, otro dará lugar a un proceso administrativo sancionatorio, uno será trasladado a la DIAN y dos fueron remitidos para la apertura de indagaciones preliminares.
Los resultados de esta auditoría servirán como insumo para que las autoridades competentes determinen si existen responsabilidades fiscales, disciplinarias o de otra naturaleza frente a las situaciones detectadas. Mientras avanzan esos procesos, la Contraloría reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos de control interno y mejorar la trazabilidad de los bienes y recursos administrados por las entidades públicas, con el fin de garantizar la adecuada protección del patrimonio del Estado y el cumplimiento de los programas dirigidos a la población víctima del conflicto armado.
