El proyecto de Internet solidario ha sido presentado por el Gobierno como una bandera social: un plan para conectar a los colombianos más vulnerables y garantizar el acceso universal a la red. Sin embargo, la iniciativa genera dudas en la industria de telecomunicaciones, que teme que este camino, lejos de ampliar la conectividad, termine debilitando al sector y trasladando más costos a los usuarios.
En diálogo con 360 Radio, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil —el gremio que agrupa a los operadores móviles en el país—, explicó por qué, aunque comparten el propósito de cerrar la brecha digital, el diseño del proyecto puede terminar siendo contraproducente.
Internet solidario: un propósito necesario, pero con un camino equivocado
“Desde la industria compartimos el propósito del proyecto. Nos parece loable y una necesidad del país cerrar la brecha digital y garantizar el acceso a Internet, en especial a los colombianos de menores recursos. Hoy Internet es un servicio público esencial, reconocido por la ley, y además es un habilitador de derechos, un motor de desarrollo económico y de inclusión social”, afirmó Hoyos.
No obstante, advierte que la forma como se ha planteado no garantiza ni sostenibilidad ni eficacia:
“Como se ha planteado, creemos que no es el camino correcto para alcanzar ese objetivo. Desde la industria tenemos toda la disposición de sentarnos a revisar una política pública integral que tenga sustento técnico, que sea viable y que garantice tanto el despliegue de infraestructura como la atracción de las inversiones necesarias. Hoy esas inversiones recaen 100% en los operadores, que aportan más de 9 billones de pesos al año”.
El dirigente recordó que el país ha logrado avances notables: hay más de 9 millones de conexiones fijas de alta velocidad y cerca de 50 millones de conexiones móviles. Pero cerrar la brecha digital —conectar a las zonas más apartadas y rurales— sigue siendo un desafío enorme.
“Necesitamos acelerar ese cierre de la brecha y eso le puede costar a la industria alrededor de 4.500 millones de dólares. ¿Cómo vamos a lograr eso? Se requiere seguridad jurídica para atraer las inversiones y necesitamos que otros actores de la industria, como las grandes plataformas de contenido, también aporten con recursos y con inversión destinada a cerrar la brecha digital”, señaló.
¿Quién pagará el Internet solidario?
El punto más controversial está en quién debe asumir el costo de este proyecto. Para Hoyos, los usuarios no pueden seguir cargando con impuestos excesivos.
“No podemos trasladar ese costo a los usuarios. Ellos ya pagan bastante: el 40% de lo que se paga en una factura de Internet son impuestos, lo cual nos parece excesivo. Por eso creemos que otros actores del mercado, como las plataformas, deberían aportar”, explicó.
La cifra no es menor: de cada 100 pesos que un colombiano paga en su recibo de Internet, 40 van al Estado. Esto significa que el servicio ya es costoso por naturaleza fiscal y que cualquier carga adicional puede afectar la penetración.
Hoyos agregó que existen recursos disponibles que, bien administrados, podrían tener un impacto real.
“El Fondo TIC recibe casi 2 billones de pesos al año por parte de los operadores. Son recursos cuantiosos que, bien focalizados, podrían ayudar a cerrar la brecha y a llevar Internet a las comunidades más vulnerables. Tenemos un marco institucional sólido y estable, y es vital mantener reglas claras porque las inversiones en telecomunicaciones son de 20 o 30 años. La inestabilidad regulatoria genera incertidumbre y eso espanta la inversión”.
Internet solidario y el riesgo de frenar la inversión
La principal crítica de Asomóvil al Internet solidario es que, en lugar de estimular, puede desincentivar la inversión en infraestructura, que es precisamente lo que se necesita para conectar al país.
“Seguiremos trabajando en el cierre de la brecha y tenemos toda la disposición de sentarnos con el Gobierno, el Congreso, los reguladores y la academia. Si se considera necesario actualizar el marco regulatorio, podemos hacerlo, pero de forma técnica, responsable y sostenible. Revisemos las mejores prácticas internacionales que han funcionado en otros países y adaptémoslas a Colombia. Pero, como se plantea actualmente, este proyecto no llevará al objetivo de cerrar la brecha”, señaló Hoyos.
El directivo resumió su posición en una frase:“Siempre dispuestos a construir, pero creemos que este proyecto, en lugar de contribuir, puede generar efectos indeseados al desestimular las inversiones”.
Los riesgos del Internet solidario
Más allá de las declaraciones de Asomóvil, la discusión revela los riesgos concretos de la propuesta:
Carga excesiva para los usuarios: con el 40% de impuestos en las facturas, cualquier incremento puede hacer el servicio inaccesible para más familias.
Desincentivo a la inversión privada: las empresas podrían frenar proyectos de expansión si perciben reglas inestables o costos desproporcionados.
Incertidumbre regulatoria: la falta de claridad técnica espanta inversionistas y afecta planes a largo plazo.
Exclusión de plataformas: gigantes del contenido digital, que generan tráfico y se benefician del ecosistema, no están incluidos en el esquema de aportes.
Manejo ineficiente de recursos: el Fondo TIC ya dispone de recursos significativos, pero su ejecución ha sido cuestionada por falta de focalización.
Impacto en la innovación: sobrecargar el sector puede frenar mejoras en calidad y velocidad de la conexión.
En este escenario, el Internet solidario corre el riesgo de convertirse en una promesa populista más que en una política pública efectiva.
El debate sobre el Internet solidario no es menor. Colombia necesita con urgencia conectar a millones de ciudadanos, especialmente en zonas rurales y apartadas. Pero las soluciones deben ser sostenibles, técnicas y concertadas con quienes tienen la experiencia y la capacidad de desplegar infraestructura.
Hoyos lo resumió al señalar que el sector está dispuesto a construir, pero que no aceptará un camino que ponga en riesgo la inversión y la estabilidad del mercado.
La discusión apenas comienza, pero el proyecto del Gobierno ya enfrenta su mayor desafío: convencer de que el Internet solidario no será otro parche improvisado que termine costando caro a los colombianos.