El Gobierno Nacional ha optado por aumentar las tasas de retención en la fuente para este 2025 como una estrategia urgente para elevar el recaudo fiscal y dejando con menos oxígeno en las empresas colombianas. Este incremento se ejecutará mediante decreto, afectando a sectores que ya se encuentran golpeados o en franco declive, como el carbón, el gas y otros del sector minero-energético. Las alzas en la retención oscilarán entre el 10 % y el 150 %.
También se verán afectadas las micro, medianas y grandes empresas, incluyendo sectores como el oro, farmacéutico, seguros, inmobiliario, ingeniería y publicidad. Es una maniobra desesperada que refleja, sin lugar a duda, la crisis fiscal que atraviesa el gobierno, producto de una administración deficiente de las finanzas públicas.
Además, esta medida parece dejarle al próximo gobierno una caja vacía y sin margen de maniobra. Cabe recordar que la retención en la fuente no es un impuesto adicional, sino un mecanismo de anticipo: el Estado cobra por adelantado sobre ingresos que, en muchos casos, aún no han sido efectivamente percibidos.
Como bien se ha dicho, se trata de un jineteo fiscal: abrir un hueco para tapar otro, extrayendo recursos del ya golpeado sector productivo. Esta medida impactará severamente a empresas y trabajadores, justo en un contexto económico donde ya no hay espacio para más presiones. Muchas compañías sobreviven con lo justo, sostenidas por una bombona de oxígeno, y este nuevo ajuste podría significar su desaparición.
Cada vez que se incrementa la retención en la fuente, se afecta el flujo de caja, se limita la capacidad de consumo y se golpea el bolsillo de quienes cumplen la ley. La medida no favorece a nadie más que al Estado. No incentivará el empleo, ni el crecimiento empresarial, ni la formalización de nuevas iniciativas productivas.
En Colombia, como siempre, los mismos pagan la misma fiesta, solo que ahora para más invitados y a un costo aún mayor. Ya hemos planteado la duda de si el precio de la gasolina, por encima de los valores internacionales, está subsidiando al Estado. Ahora, pretenden hacerlo de forma más descarada, al no haber logrado ajustar el gasto, reducir excesos ni aplicar principios básicos de administración.
Lo que hace el gobierno es aplazar el problema fiscal para su sucesor. Ya se habla de impactos en los años 2026 y 2027, cambiando las reglas de juego sin previo aviso. Sectores como el agrícola, minero, e incluso gremios empresariales, ya están escandalizados. Y con razón: lo que está ocurriendo es inaudito e insostenible.
Los colombianos no pueden asumir más cargas fiscales. En departamentos como Antioquia, por ejemplo, ya se pagan tributos adicionales como la sobretasa de seguridad. Ahora, con esta nueva medida, será aún más difícil para las personas ahorrar o mantenerse a flote.
El impacto recaerá principalmente sobre la clase media y las Mipymes, que representan cerca del 80 % del empleo nacional. Empresas que ya están paralizadas en sus decisiones de inversión, enfrentan incertidumbre y plazos de pago injustos. La situación es insostenible: muchas empresas viven al día, con dificultad para llegar a fin de mes o cumplir con las quincenas.
Esto es, sin exagerar, pan para hoy y hambre para mañana. Urge una reacción conjunta de gremios y empresarios para evitar que esta medida entre en vigencia sin discusión ni corrección.
No podemos olvidar que las empresas ya enfrentan una carga tributaria desbordada: ICA uno de los impuestos más regresivos del mundo, calculado sobre ventas brutas, tasas de bombería, avisos y tableros, renta, IVA, impuesto al consumo, renovación de la Cámara de Comercio, la lista es extensa e inconcebible.
Con una informalidad que supera el 56,8 %, este panorama solo agravará la situación. La retención se aplicará desde pagos de $99.598, cuando antes era desde $199.196. En el caso del café, hoy no hay retención por ventas inferiores a $7,9 millones; ahora, se aplicará desde los $3,4 millones.
Lo que estamos presenciando es, posiblemente, el inicio de un verdadero cataclismo empresarial en Colombia.
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