La reciente propuesta del ministro de Minas, Edwin Palma, ha desatado una ola de críticas y preocupación en sectores económicos y ciudadanos pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6. La idea de que sean estos contribuyentes quienes asuman el costo de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 ha generado un profundo malestar, pues se percibe como una carga adicional en un sistema que ya se encuentra desbalanceado en términos de subsidios y contribuciones.
La pregunta central es clara: ¿cuántos impuestos más se seguirán sumando a los estratos medios y altos para sostener el esquema de subsidios del país? Actualmente, los estratos 4, 5 y 6 ya contribuyen significativamente al financiamiento de los servicios públicos para los sectores más vulnerables. Ahora, con la deuda generada por la opción tarifaria, la intención del gobierno parece ser la de trasladar nuevamente esa carga a los mismos grupos poblacionales.
Cabe recordar que la opción tarifaria fue una medida adoptada durante la pandemia bajo el gobierno de Iván Duque, con el fin de aliviar temporalmente el impacto económico en los hogares más vulnerables. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta decisión ha terminado convirtiéndose en una deuda de dimensiones considerables, cuya cifra oscila entre los 3 y 5 billones de pesos, según distintas fuentes. Lo preocupante es que, a pesar de los compromisos adquiridos por el propio presidente Gustavo Petro en mayo de 2024, ahora se plantea una solución que recae nuevamente en los mismos sectores.
Es momento de reconocer que el sistema de estratificación en Colombia ha quedado obsoleto y no refleja la realidad económica de los ciudadanos. Existen personas en estratos altos con grandes dificultades económicas y, por otro lado, personas en estratos bajos con acceso a propiedades y beneficios que superan los criterios tradicionales de vulnerabilidad. Esta distorsión impide que la política social sea eficiente y justa.
Más allá de la discusión tributaria, es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad en el pago de la opción tarifaria sin recurrir a medidas que afecten a una población que ya enfrenta altos costos de vida y una elevada carga impositiva. Si se insiste en trasladar este costo a los estratos 4, 5 y 6, se estaría profundizando una política fiscal regresiva que afecta la economía del país y desalienta la inversión.
Los líderes políticos, empresariales y ciudadanos deben manifestarse con firmeza ante esta propuesta que, bajo un discurso de solidaridad, podría terminar afectando la sostenibilidad económica de amplios sectores de la sociedad. La solidaridad debe ser una política de Estado equitativa, no un recurso utilizado para cargar a unos pocos con el peso de decisiones mal planeadas.