El candidato presidencial Mauricio Lizcano solicitó la intervención del Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, al advertir presuntas irregularidades que, según él, estarían afectando la transparencia y la equidad de la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales.
Desde Armenia, Quindío, Lizcano aseguró que los aspirantes independientes no cuentan hoy con condiciones justas para competir, en contraste con otros candidatos que, afirmó, tendrían respaldo indirecto de funcionarios y estructuras de poder del Estado. El exministro señaló que su campaña, avalada por cerca de 1,8 millones de firmas ciudadanas, enfrenta un escenario desigual que pone en riesgo el principio de igualdad democrática.
Mauricio Lizcano alerta sobre falta de garantías electorales en Colombia
“El país necesita garantías reales. No se puede hablar de una contienda justa cuando la ley no se aplica de la misma forma para todos”, expresó el aspirante, quien pidió al Ministerio Público ejercer su función de vigilancia para evitar la participación indebida de servidores públicos en política.
Lizcano sostuvo que su solicitud se basa en hechos que, a su juicio, vulneran la normatividad electoral vigente. Entre ellos, mencionó supuestos respaldos políticos desde entidades del Gobierno Nacional a la candidatura del senador Iván Cepeda, así como el apoyo público de algunos alcaldes a otros aspirantes presidenciales. Para el candidato, estas actuaciones configuran una intervención indebida que debería ser investigada.
El aspirante enfatizó que la legislación colombiana prohíbe de manera expresa que los funcionarios públicos participen en campañas electorales, una norma que —según dijo— no se estaría cumpliendo de forma rigurosa. “Cuando quienes tienen poder administrativo hacen política, se rompe el equilibrio del proceso electoral y se afecta la confianza de los ciudadanos”, afirmó.
De acuerdo con Lizcano, esta situación impacta con mayor fuerza a los candidatos independientes, quienes no cuentan con maquinarias políticas ni con el respaldo de partidos tradicionales. “Competir sin estructuras y sin acceso a recursos del Estado ya es difícil. Hacerlo además en un ambiente donde no se respetan las reglas profundiza la desigualdad y debilita la democracia”, señaló.
El candidato también advirtió que la falta de controles oportunos podría tener consecuencias en la legitimidad de las elecciones. A su juicio, la percepción de favoritismos y de uso indebido del poder público puede incrementar el descontento ciudadano y la desconfianza en las instituciones.
Por esta razón, reiteró su llamado al Procurador General para que adelante las actuaciones correspondientes y garantice el cumplimiento de la Constitución y la ley durante la campaña. “El país necesita autoridad institucional, reglas claras y un árbitro que actúe con firmeza para proteger la democracia”, concluyó.
La Procuraduría General de la Nación no se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud del candidato. Entretanto, el debate sobre las garantías electorales vuelve a tomar relevancia en un escenario político marcado por la alta polarización y el protagonismo de las candidaturas independientes en la carrera presidencial.
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