El caso de corrupción que rodea a la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, continúa ampliándose y ahora alcanza al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Así pues, la Fiscalía General de la Nación realizó capturas por presuntos hechos de corrupción en la entidad en varios contratos firmados durante los años 2020 y 2021 periodo en el que Quintero presidía la Junta Metropolitana y Juan David Palacio Cardona dirigía la entidad.
Las investigaciones apuntan a seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí, cuyo valor ascendería a cerca de $18.000 millones. Por esto, entre los detenidos se encuentran Misael Cadavid Jaramillo, exdirector del cuerpo de bomberos, junto con otros exfuncionarios investigados por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Estas capturas se suman a las denuncias interpuestas por la actual administración, encabezada por Federico Gutiérrez, que tras el proceso de empalme reveló más de 650 presuntas irregularidades en distintas dependencias del Distrito y entidades adscritas. De este total, alrededor de 15 comprometieron directamente al Área Metropolitana.
Paula Andrea Palacio Salazar, actual directora de la entidad metropolitana, aseguró que está colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y recuperar los recursos públicos. “Seguimos colaborando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y recuperar los recursos que le pertenecen a los ciudadanos”, afirmó.
La red de corrupción que salpica al exalcalde de Medellín involucra ahora contratos y exfuncionarios del Área Metropolitana
En abril de 2024, la actual administración del Área Metropolitana remitió a los organismos de control varios informes de auditoría que advertían sobre posibles irregularidades cometidas durante la administración 2020-2023. Entre las situaciones más delicadas se encuentran contratos sin soporte técnico, sobrecostos, indicadores inflados, obras inconclusas, y convenios con fundaciones que no presentaron la debida justificación financiera.
Uno de los casos más emblemáticos es el Parque de las Aguas, donde la Fiscalía imputó cargos a 13 personas por presunta corrupción en convenios que superan los $17.000 millones. A este se suman 12 alertas adicionales, entre ellas una reforma administrativa calificada como irregular por carecer de estudios técnicos y viabilidad financiera, que derivó en la creación de 128 nuevos cargos, 25 de ellos nombrados sin concurso y la eliminación de cargos estratégicos.
También se detectaron convenios por $1.500 millones con la Secretaría de la No Violencia, entonces liderada por Juan Carlos Upegui, sin claridad sobre la ejecución de los recursos. A esto se suman contratos con las fundaciones Arca y Tenarco, que habrían recibido más de $5.000 millones en total sin entregar informes ni comprobar aportes comprometidos. La auditoría encontró que varias de estas contrataciones fueron directas y sin justificación documentada.
Entre el 2020 y 2022, la entidad habría firmado contratos por más de $32.000 millones con entidades sin ánimo de lucro, en los que detectaron presuntos sobrecostos y falta de productos entregados. Además, la administración saliente dejó vencer contratos esenciales de funcionamiento, afectando la operación de transporte, vigilancia, conectividad y personal de apoyo ambiental.
Irregularidades tecnológicas y de gestión documental
Otro hallazgo grave apunta a la manipulación de información institucional, tres computadores, incluido el del exdirector, fueron formateados de manera irregular por una persona externa a la entidad, eliminando información de gran importancia para procesos contractuales. También se encontraron más de mil trámites vencidos y sin asignar en la plataforma de gestión documental, junto con una cámara de seguridad del archivo inactiva desde diciembre de 2023.
Así pues, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá reiteró su rechazo a cualquier acto de corrupción y aseguró que actúa como víctima dentro de las diligencias judiciales. Cada peso invertido debe responder a un propósito colectivo: mejorar la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá y fortalecer la confianza en lo público”, señaló la dirección de la entidad en un comunicado oficial.
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