La Procuraduría General de la Nación decidió archivar una investigación disciplinaria que adelantaba contra tres exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, en relación con la operación de la Clínica de la 80 durante la pandemia.
En la providencia, firmada por la procuradora tercera delegada para la Contratación Estatal, Gloria Yanet Quintero, se declaró la extinción de la acción disciplinaria por prescripción, al haberse vencido el plazo legal sin que se emitiera un fallo de fondo. Con esta decisión, que no admite recursos, el Ministerio Público cerró el expediente que se adelantaba contra Jennifer Andree Uribe, exsecretaria de Salud; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; y Wilder Echavarría Arango, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
Procuraduría archiva proceso por la Clínica de la 80 contra exfuncionarios de Daniel Quintero en Medellín
La Procuraduría también se abstuvo de enviar copia de la providencia a la Veeduría de la entidad, lo que significa que el trámite quedó totalmente concluido.
Tras conocerse el archivo, Wilder Echavarría celebró la decisión en sus redes sociales, calificándola como un triunfo frente a lo que consideró ataques políticos.
“¡La verdad siempre triunfa! La Procuraduría archiva el proceso por la Clínica de la 80. Se cae otra de las infamias con las que los políticos mezquinos de la derecha rancia de Medellín nos persiguieron”, escribió el exgerente de la EDU.
Con este cierre, al menos un capítulo de las múltiples investigaciones que rodean el manejo de la Clínica de la 80 queda sin consecuencias disciplinarias para los exintegrantes del gabinete de Quintero, quienes han sido mencionados en distintos casos de corrupción.
Un segundo proceso sigue en curso
No obstante, el caso de la Clínica de la 80 sigue siendo motivo de escrutinio. En enero de 2025, la misma Procuraduría formuló pliego de cargos contra otros tres exsecretarios del gobierno de Quintero por presuntas irregularidades en la contratación de equipos médicos.
Los señalados en ese proceso son Jennifer Andree Uribe Montoya, nuevamente en su calidad de exsecretaria de Salud; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsecretaria General; y Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios.
De acuerdo con el órgano de control, los funcionarios habrían cometido irregularidades al suscribir, el 12 de mayo de 2022, un contrato de transacción con la Fundación Colombiana de Cancerología “Clínica Vida”, por un valor de $12.007 millones.
El expediente disciplinario señala que dicho contrato se firmó con omisiones en los requisitos legales y técnicos, entre ellos la presunta falsedad ideológica en documento público, pues se afirmó que contaba con el aval del Comité de Conciliación de la Alcaldía, cuando en realidad ese respaldo no existía en el momento de la firma.
Posible detrimento patrimonial
La Procuraduría advirtió además que el valor del contrato representaba casi el 50 % de la inversión pública previa en la adecuación de la Clínica de la 80, calculada en $23.744 millones. Según la entidad, esto podría configurar un detrimento patrimonial, al haberse cedido activos financiados con recursos públicos sin soporte técnico ni un proceso de enajenación autorizado.
En consecuencia, mientras algunos exfuncionarios ya quedaron exentos de responsabilidad disciplinaria, otros todavía enfrentan un proceso que podría derivar en sanciones, lo que mantiene abierto el debate sobre la transparencia y la legalidad en el manejo de los recursos destinados a este centro asistencial durante la pandemia, además de otros procesos que se están llevando a cabo por otros presuntos casos de corrupción en la ciudad como es el caso de Metroparques o en el caso de la caja menor de su administración.
