Después de 20 años bajo concesión, la Alcaldía de Medellín decidió no renovar el contrato con UNE, empresa encargada de operar las cámaras de fotodetección y el Centro de Control de Tránsito. El acuerdo vence el 31 de diciembre de 2025, y desde el 1 de enero de 2026, la administración distrital asumirá directamente el control de todo el sistema.
La medida representa un cambio profundo: el modelo dejará de tener un carácter sancionatorio para centrarse en la educación vial y la prevención de accidentes. Además, se busca que los ingresos generados por el sistema beneficien directamente a la ciudad, que hasta ahora solo recibía el 28,3 % de los recursos.
Sistema de Fotomultas en Medellín
Con la finalización del contrato, Medellín recibirá también la infraestructura tecnológica y física del Sistema Inteligente de Movilidad (SIMM), valorada en más de $31.000 millones. El sistema pasará a manos públicas a través de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), entidad con experiencia en la operación de cámaras de seguridad y monitoreo urbano.
El alcalde Federico Gutiérrez explicó que las fotodetecciones seguirán funcionando, pero con una lógica completamente distinta: “No queremos cámaras trampa ni ciudadanos sorprendidos. Habrá señalización visible a 200 y 100 metros antes de cada punto, y también en el piso. El propósito no es recaudar dinero, sino salvar vidas”, aseguró.
El nuevo enfoque incluirá campañas pedagógicas sobre normas de tránsito, recordatorios automáticos del vencimiento del SOAT y la revisión técnico-mecánica, y la eliminación de sanciones por cruces en semáforo amarillo o bloqueos por congestión. En el último año, estas medidas ya redujeron en más de 11.000 comparendos las infracciones relacionadas con documentación vencida.
Asimismo, el sistema de fotodetección de Medellín quedará conectado al circuito de cámaras de seguridad de la ciudad, permitiendo un doble uso: control vial y apoyo a la lucha contra la criminalidad. Los recursos generados ahora quedarán en manos del Conglomerado Público de Medellín, que destinará el 100 % a proyectos de infraestructura vial, modernización semafórica y transporte sostenible.
“Queremos que el sistema sea justo, transparente y educativo. La meta es reducir accidentes y fomentar cultura ciudadana. No se trata de castigar, sino de cuidar vidas”, enfatizó Gutiérrez.
