Una nueva controversia política se abrió en Antioquia luego de que el diputado Manuel García denunciara que el gobernador Andrés Julián Rendón estaría promoviendo cambios que podrían derivar en la privatización de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), considerada una de las empresas públicas más emblemáticas del departamento.
El debate surge en medio del trámite de un proyecto de ordenanza que modificaría la composición de la junta directiva de la licorera. Actualmente, la FLA es una entidad completamente pública, cuyas decisiones están bajo la responsabilidad de una junta con mayoría de representantes del sector estatal, acompañados por algunos integrantes del ámbito privado.
Cambios en la FLA desatan debate en Antioquia: ¿se abre la puerta a su privatización?
No obstante, la iniciativa presentada por el gerente de la entidad, Esteban Ramos, propone un ajuste clave: retirar al delegado del Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA) y sustituirlo por un miembro proveniente del sector privado. Este cambio, aunque parece técnico, ha generado preocupación en sectores políticos que advierten posibles efectos a largo plazo.
De aprobarse la propuesta, la junta directiva quedaría conformada por dos funcionarios públicos y tres representantes privados, estos últimos designados directamente por el gobernador. Para críticos del proyecto, esta modificación alteraría el equilibrio actual y abriría el camino para decisiones orientadas a una eventual privatización de la empresa.
La Fábrica de Licores de Antioquia no es un activo menor dentro de las finanzas regionales. Fundada en 1919 y con sede en el municipio de Itagüí, la compañía se ha consolidado como la principal licorera del país, con una fuerte presencia internacional que alcanza más de 40 mercados. Su liderazgo en la producción de aguardiente la posiciona como una de las marcas insignia de Colombia.
Además de su relevancia industrial, la FLA cumple un papel fundamental en la financiación de programas sociales. Al ser una empresa pública, sus utilidades que superan los 300.000 millones de pesos se destinan a sectores como la educación, la salud y el deporte en Antioquia, lo que refuerza su valor estratégico para el departamento.
Las críticas al proyecto también se alimentan de antecedentes en la región. Uno de los casos más recordados es el de UNE-EPM, cuando se autorizó la enajenación de acciones en la compañía Tigo-UNE por aproximadamente 2,1 billones de pesos. En su momento, la decisión fue defendida por el entonces alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien argumentó que la empresa acumulaba pérdidas significativas.
Según cifras oficiales, UNE-EPM registró pérdidas superiores a los 2,1 billones de pesos entre 2021 y 2023, además de enfrentar una alta demanda de inversión para mantenerse competitiva en el sector de las telecomunicaciones. Este precedente es utilizado ahora por algunos sectores como referencia en el actual debate sobre el futuro de la FLA.
Por ahora, el proyecto de ordenanza continúa en discusión y se espera que en los próximos días avance su trámite en la Asamblea Departamental, en medio de un ambiente marcado por la tensión política y la atención de la opinión pública.
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