La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra María Antonia Sánchez Rave, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, también implicado en otros procesos.
El proceso busca establecer si existieron irregularidades en contratos de mantenimiento y adecuación de instituciones educativas suscritos en el 2023, que han sido señalados por la actual administración como problemáticos.
Exdirectora de la EDU investigada por la Procuraduría
El auto de apertura, fechado el 15 de enero de 2025 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 9, también involucra a Carolina Patiño Salazar, contratista del EDU y miembro del Comité Asesor Evaluador para la época de los hechos.
La Procuraduría centra la investigación en los procesos contractuales P 01 de 2023 y CO 05 de 2023, cuyo objeto era de mantenimiento, mejoramiento y recuperación de instituciones educativas en las comunas 6 (Doce de Octubre), 7 (Robledo) y 60 (San Cristóbal). La entidad le ordenó a la la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín remitir, en un plazo de diez días toda la documentación relacionada con : estudios previos, invitaciones a oferentes, certificaciones de los miembros del comité evaluador y el acto administrativo que declaró desierto uno de los contratos.
Retrasos en la infraestructura educativa
El caso tomó relevancia porque la infraestructura escolar fue uno de los talones de Aquiles de la administración anterior. Según la actual gerente de la EDU, en el 2024 se reportan retrasos de al menos 77 % en las obras de mantenimiento y reforma 411 sedes escolar.
Durante la gestión de Sánchez Rave, que se extendió de noviembre de 2022 a marzo de 2023, se firmaron contratos que, de acuerdo con denuncias posteriores, habrían incluido cláusulas desfavorables para el Distrito. Estas condiciones limitaron la capacidad del EDU para exigir cumplimientos o imponer sanciones a contratistas, otorgándole cronogramas amplios y vagos.
Uno de los ejemplos más mencionados fue el contrato por $9.678 millones suscrito en febrero de 2023 para el mantenimiento de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, pese a su elevado valor, el acuerdo no contemplaba cláusulas penales, lo que redujo la posibilidad de reclamar indemnizaciones en caso de incumplimiento.
Un legado de desorden financiero
La EDU fue una de las entidades más cuestionadas durante la alcaldía de Daniel Quintero. Al cierre de su mandato, la entidad registraba un déficit de caja de por lo menos de $14.400 millones y había modificado su manual de contratación para ampliar en 1.900% el límite permitido de contratación directa.
La apertura de esta nueva investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría revive las críticas sobre la gestión del EDU y el supuesto entramado de irregularidades que habrían afectado los recursos destinados para la educación en Medellín.
Reacciones políticas
El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, celebró la apertura de esta investigación y afirmó que se trata de una confirmación sobre las denuncias que desde hace meses se han realizado contra de Quintero y de sus exfuncionarios. “Van saliendo cada vez más y más cosas de todo ese entramado de corrupción que se dio en la alcaldía del hoy imputado y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Daniel Quintero”, señaló.
De Bedout recordó además que Sánchez Rave fue la fundadora de Kaliza Arquitectos S.A.S., empresa que contrató con la EDU, incluso después de que ella asumiera cargos directivos en la entidad. Entre el 2020 y el 2021 la firma recibió cinco contratos por $2.773 millones. Según el concejal, la empresa también participó en consorcios favorecidos con millonarios contratos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) durante la dirigencia de Olmedo López, bajo la lupa de Alethia Arango Gil, otra aliada de Quintero hoy investigada por corrupción.
Lo que sigue en el proceso
La Procuraduría deberá analizar las pruebas y determinar si las actuaciones de Sánchez Rave constituyeron faltas disciplinarias. Mientras tanto, el caso sigue bajo escrutinio sobre la gestión contractual de esta entidad en la administración pasada y refuerza la narrativa de que las entidades públicas de Medellín fueron utilizadas como fortines políticos y financieros durante la Administración de Daniel Quintero.
