En esta conmemoración del holocausto del Palacio de Justicia porque fue eso, un holocausto, una masacre que nadie puede negar, es necesario reiterar que aquel fue un atentado criminal contra una de las ramas del poder público en Colombia. Como medio de comunicación, nos unimos al homenaje a las víctimas de esa toma perpetrada por el grupo terrorista M-19. A pesar de los intentos por reescribir la historia, de los relatos distorsionados que se han querido imponer, las evidencias son claras y contundentes: el M-19 ejecutó el asalto al Palacio de Justicia bajo encargo del narcotraficante Pablo Escobar, en el contexto de las tensiones por la extradición durante el gobierno de Belisario Betancur.
Escobar, obsesionado con eliminar a quienes respaldaban la extradición, encontró en la Corte Suprema de Justicia un obstáculo que debía ser destruido. El M-19 cumplió esa tarea. Asesinó civiles, celadores y magistrados a sangre fría. No hay justificación política, social ni ideológica que pueda otorgarle contexto o legitimidad a semejante crimen. Fue un acto terrorista, sin más.
Sobre la retoma del Palacio por parte de la Fuerza Pública, hay que reconocer que las tropas carecían de entrenamiento y de inteligencia operativa para ese tipo de situaciones. Se cometieron errores, incluso torpezas, como el ingreso de una tanqueta al edificio, una acción absurda que terminó siendo usada como argumento para justificar a los verdaderos responsables. Pero no se puede olvidar que quienes entraron a sangre y fuego al Palacio de Justicia con un objetivo criminal fueron los guerrilleros del M-19. Y que quienes tenían la obligación constitucional, ética y moral de recuperar el edificio eran los miembros de la Fuerza Pública.
Nunca ha existido prueba alguna de que los mandos militares hayan dado la orden de asesinar civiles o magistrados. Los asesinos fueron los del M-19. Honor eterno a los magistrados, a los empleados del Palacio y a todos los inocentes que perdieron la vida. Su memoria no se borra, pese a los intentos por distorsionar la historia.
Cuarenta años después, el país aún no conoce toda la verdad. Se han construido verdades parciales, relatos acomodados y versiones que olvidan la génesis del horror: un grupo armado, financiado por el narcotráfico, que decidió tomarse el corazón de la justicia colombiana. Carlos Medellín Becerra, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, asesinado durante la toma, ha dedicado estas cuatro décadas a rastrear expedientes, escuchar testigos y exigir la verdad. Su búsqueda ha revelado detalles inéditos de los procesos judiciales contra la cúpula del M-19 por terrorismo e incendio.
Medellín recuerda que, aunque la justicia colombiana abrió investigaciones y dictó resoluciones de acusación contra los jefes del grupo, entre ellos Carlos Pizarro, Antonio Navarro, Otty Patiño, Rosemberg Pavón y Gustavo Petro, todos fueron indultados sin haber contado la verdad ni asumido responsabilidad alguna. Los expedientes de aquellos procesos, que contenían fotografías, testimonios y pruebas documentales, desaparecieron misteriosamente.
En 1992, una jueza de orden público intentó reabrir el caso bajo los delitos de terrorismo y violación al derecho internacional humanitario. Pero, nuevamente, el país eligió el perdón total. El Congreso aprobó un segundo indulto con nombre propio para los exintegrantes del M-19, esta vez impulsado con mensaje de urgencia por el gobierno de César Gaviria y ponencia del entonces congresista Álvaro Uribe Vélez. El resultado fue el mismo: amnistía sin verdad, sin justicia, sin reparación, sin garantías de no repetición.
Esa es la herida que sigue abierta. Porque cuando un país construye su memoria sobre silencios y mentiras, está condenado a repetir su tragedia. Por eso duele que hoy, cuarenta años después, ondee en el Palacio de Justicia la bandera del M-19. Es un acto inmoral, una afrenta contra los muertos, los magistrados asesinados, las víctimas y sus familias.
Colombia no puede seguir edificando su historia sobre falsedades. No puede reivindicar como héroes a quienes perpetraron uno de los crímenes más atroces contra la justicia. La única forma de sanar es a través de la verdad completa, la justicia real y el respeto por la memoria de quienes murieron defendiendo el Estado de Derecho.
Porque el Palacio de Justicia no fue solo un edificio incendiado: fue el símbolo de un país que todavía busca justicia entre las cenizas.
Lea también: Qué es verdad y qué no de lo que se dice de Abelardo de La Espriella