El Gobierno nacional afina un borrador de decreto con el que busca repatriar una parte significativa de los recursos de la inversión pensional o de los fondos privados de pensiones que hoy están invertidos en el exterior. La iniciativa, según confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, estaría lista para publicarse este mismo día y abrirse a comentarios del público, una vez reciba el visto bueno del propio Ministerio y de la Superintendencia Financiera.
Panorama general: El tema volvió al centro de la agenda oficial el pasado 31 de diciembre de 2025, cuando el jefe de la cartera económica anunció la intención de traer al país hasta $125 billones de los ahorros pensionales actualmente colocados en mercados internacionales. Desde entonces, la propuesta ha generado una fuerte controversia entre expertos y representantes del sistema financiero, que advierten riesgos para la rentabilidad y la seguridad del ahorro de los trabajadores.
Hoy, los fondos privados administran cerca de $500 billones, de los cuales alrededor de $250 billones están invertidos fuera de Colombia. Una repatriación por el orden de los $125 billones implicaría traer de vuelta casi la mitad de esos recursos. No obstante, desde Asofondos han señalado que las cifras que se han mencionado hasta ahora son especulativas y que no existe claridad sobre el alcance final de la medida.
Repatriación de inversión pensional: expertos advierten riesgos para el ahorro de los trabajadores
Las críticas más duras han venido de voces con amplia experiencia en regulación y en el sistema pensional. La exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera Garzón, ha advertido que la iniciativa no resultaría beneficiosa para el sistema. Según explicó, buena parte de esos recursos está invertida en instrumentos de mediano y largo plazo, muchos de ellos con penalizaciones por retiros anticipados o que aún no han alcanzado su madurez financiera.
Para Higuera, el principal riesgo es de liquidez. “Es como pretender consumir de inmediato toda la cava de un restaurante. El sistema no tiene la capacidad de absorber esos recursos sin generar distorsiones graves”, señaló. A su juicio, forzar el regreso de capitales invertidos en activos ilíquidos y con compromisos contractuales puede traducirse en pérdidas, sanciones y presiones indebidas sobre el mercado local, con un impacto directo sobre los afiliados.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, quien considera que obligar a los fondos a traer recursos invertidos en el exterior es una decisión difícil de justificar desde el punto de vista técnico. “No entendemos qué se pretende lograr. Esto no genera más ahorro en la economía; por el contrario, reduce la diversificación de los portafolios y expone el ahorro de los trabajadores a mayores riesgos y a una menor rentabilidad”, afirmó.
Velasco incluso presentó un ejercicio contrafactual para ilustrar los beneficios de la diversificación internacional. Según explicó, un millón de pesos invertido en 2011, con la posibilidad de colocar recursos en el exterior, hoy tendría un valor cercano a los $3,23 millones, con un retorno promedio del 8,5% y un nivel de riesgo bajo. En contraste, si ese mismo monto se hubiera invertido únicamente en activos locales, su valor actual sería de alrededor de $1,67 millones, con un retorno del 3,8% y el doble de riesgo. “En la práctica, se estaría perdiendo cerca de la mitad del retorno”, sostuvo.
Por qué es importante: A estos argumentos se suman advertencias sobre los efectos macroeconómicos de una repatriación forzada. Velasco señaló que vender activos rentables en el exterior, muchas veces de manera apresurada, implica asumir pérdidas. Además, el ingreso masivo de dólares presionaría una revaluación del peso, lo que reduciría el monto en moneda local que recibirían los fondos. Posteriormente, esos recursos tendrían que invertirse en un mercado interno que hoy ofrece pocas alternativas y activos relativamente costosos.
“El impacto negativo sería triple: pérdida de valor por la venta anticipada, menor conversión cambiaria y dificultades para encontrar inversiones atractivas en Colombia”, explicó. Según el directivo, la inversión en el país aún no se ha recuperado plenamente tras la pandemia y, en este momento, la economía no requiere absorber ese volumen de ahorro. Como ejemplo, recordó que el año pasado hubo cerca de $11 billones en recursos comprometidos que no fueron llamados por los inversionistas, pese a estar aprobados, lo que evidencia la falta de proyectos con una relación adecuada entre riesgo y rentabilidad.
Desde Asofondos insisten en que los principales afectados por una medida de este tipo no serían las administradoras, sino los afiliados. “Aquí quienes pierden son los trabajadores colombianos y su ahorro pensional. Esto reduce la capacidad de inversión futura del país y aumenta el pasivo pensional”, advirtió Velasco, al tiempo que subrayó que las comisiones de los fondos no dependen de la compra o venta de activos, sino de las cotizaciones.
Mientras el Gobierno se prepara para publicar el borrador del decreto y abrir el debate formal, el futuro de los recursos pensionales en el exterior se perfila como uno de los temas económicos más sensibles del inicio de año, con implicaciones de largo plazo para la estabilidad del sistema y el ahorro de millones de colombianos.
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