El atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado 7 de junio en Bogotá, ha desatado una fuerte polémica y muchos cuestionamientos sobre las falencias en la protección a líderes políticos por parte del Gobierno Nacional.
Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, había elevado al menos 20 solicitudes para reforzar su esquema de seguridad desde 2023. Sin embargo, todas sus peticiones fueron desatendidas por las autoridades competentes, lo que hoy agrava la crisis política y de seguridad en el país.
Ignoraron las advertencias del Centro Democrático
El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, reveló que desde 2023 el partido venía alertando a altos funcionarios del Gobierno Nacional sobre los riesgos que enfrentaban sus dirigentes.
Según Vallejo, se presentaron múltiples solicitudes ante el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, el actual ministro Juan Fernando Cristo y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero se encontraron con «una pared».
Las advertencias fueron claras: los miembros del partido, incluido Miguel Uribe, estaban en grave riesgo por su exposición mediática y actividad política. A pesar de esto, las solicitudes fueron ignoradas o dilatadas sin justificación concreta. “Nos encontramos con una pared”, declaró Vallejo en una entrevista, haciendo referencia a la falta de respuesta del Estado frente a los llamados de auxilio del partido.
Miguel Uribe ya había elevado 20 solicitudes formales
El caso de Miguel Uribe es particularmente alarmante porque, según el partido, se documentaron al menos 20 solicitudes formales por escrito para revisar y mejorar su esquema de seguridad. Estas peticiones buscaban reforzar su protección ante el aumento de amenazas y el contexto de polarización política que vive el país.
El director del partido @CeDemocratico @GabrielJVallejo confirma en el programa de @lcvelez que Miguel Uribe Turbay hizo 20 solicitudes para que le mejoraran su esquema de seguridad. Se encontró con una pared.
También contó que, desde el 2023, el partido le hizo múltiples… pic.twitter.com/7jla5fZrJL
— Ani Abello (@ANIABELLO_R) June 9, 2025
Uribe, quien se posiciona como una de las figuras más visibles del Centro Democrático con aspiraciones presidenciales, contaba con un esquema de seguridad básico, el cual fue considerado insuficiente por su equipo desde hace varios meses. Ninguna de las solicitudes fue atendida de manera efectiva, lo que hoy genera cuestionamientos serios sobre la capacidad de reacción del sistema de protección estatal.
Estado crítico de salud y conmoción nacional
El atentado se registró en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, mientras Miguel Uribe participaba en un evento público. Fue atacado con arma de fuego mientras saludaba a ciudadanos en el parque El Golfito. La gravedad de sus heridas lo mantiene en estado crítico, según el último parte médico emitido por la Fundación Santa Fe de Bogotá.
“La condición del paciente reviste la máxima gravedad y el pronóstico sigue siendo reservado”, indicó el comunicado oficial. El país entero permanece a la espera de su evolución, mientras la clase política y la opinión pública exigen justicia y respuestas claras.
Las autoridades identificaron a un adolescente de 15 años como el presunto autor material del ataque. La Fiscalía General de la Nación informó que imputará los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, mientras un juez ya legalizó su aprehensión.
Le puede interesar: El mensaje del alcalde Galán a Petro tras el atentado a Miguel Uribe
De confirmarse su responsabilidad, el menor podría ser cobijado con la medida de internamiento en un centro especializado. Esta situación también abre un debate sobre el uso de menores en delitos políticos o por encargo, una práctica que ha sido denunciada en otras regiones del país por organizaciones como Human Rights Watch.
El caso de Miguel Uribe pone en evidencia un fallo estructural en la respuesta del Estado frente a la seguridad de dirigentes políticos, especialmente aquellos que no pertenecen a la coalición de Gobierno. En Colombia, la Unidad Nacional de Protección es el ente encargado de asignar y evaluar esquemas de seguridad, pero ha sido fuertemente cuestionada por demoras, negligencia y politización.
Según cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), en el primer semestre de 2025 se han registrado más de 80 hechos violentos contra líderes políticos, una cifra que representa un aumento del 20 % frente al mismo periodo del año anterior.
Le puede interesar: Video: así intentó huir y disparar un sicario del atentado contra Miguel Uribe
