El Gobierno nacional abrió un nuevo frente de discusión alrededor de la reforma pensional, esta vez por las cuentas fiscales que implicaría su entrada en operación, luego de que el MinHacienda, Miguel Gómez Martínez, solicitara a la Corte Constitucional abrir un incidente de impacto fiscal relacionado con la sentencia C-264 de 2026.
La petición fue presentada ante la Sala Plena del alto tribunal y plantea que la implementación del nuevo sistema pensional podría representar requerimientos adicionales de recursos por alrededor de $5 billones, una situación que, según la cartera económica, debe ser analizada frente a la capacidad fiscal de la Nación.
MinHacienda: El impacto fiscal que preocupa al Gobierno
El argumento central del Ministerio de Hacienda está relacionado con los cambios que produjo la decisión de la Corte sobre el momento en que comenzará a operar el nuevo sistema, pues la sentencia estableció el 1 de abril de 2027 como fecha de entrada en vigencia de las disposiciones declaradas exequibles.
De acuerdo con el documento presentado por Gómez, esta modificación incide sobre las proyecciones de ahorro y acumulación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, Fapc, además de alterar las condiciones asociadas al régimen de transición y la composición de los afiliados que harán parte del nuevo esquema.
Para Hacienda, estos cambios pueden traducirse en mayores obligaciones financieras para Colpensiones y, por esa vía, en nuevas necesidades de recursos públicos, por lo que considera necesario determinar si dichas obligaciones son compatibles con el espacio fiscal disponible.
El ministro también señaló que estos compromisos deben quedar incorporados de manera coherente en los instrumentos de programación fiscal del país, especialmente en un escenario que calificó de alta rigidez del gasto.
La solicitud del Gobierno se conoce después de que Colpensiones planteara ante la Corte la necesidad de aplazar la implementación de la reforma hasta 2028, argumentando que requiere más tiempo para completar las adecuaciones tecnológicas, operativas, financieras e institucionales necesarias.
Con el incidente de impacto fiscal, el Ministerio de Hacienda busca que la Corte examine las consecuencias económicas de su decisión y el alcance de las obligaciones que asumiría el Estado con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema pensional.
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