El reciente episodio entre el Banco de la República y el presidente Gustavo Petro evidencia una realidad innegable: el actual mandatario ha sido el primero en muchos años en poner contra las cuerdas la capacidad y la fuerza institucional del Estado colombiano. Petro se ha encargado de señalar, directa o indirectamente, las falencias, zonas grises y vacíos donde la Constitución no parece haber blindado suficientemente la democracia frente a intentos populistas.
Un escenario antes impensable se hizo realidad: ante la ausencia intencional, autónoma y unilateral del Ministro de Hacienda, la Junta Directiva del Banco no pudo sesionar. Esto restringió la aplicación de políticas monetarias en un horizonte incierto, simplemente porque el jefe de la cartera no coincidía con las decisiones de los codirectores.
Es fundamental precisar que la naturaleza de la Junta Directiva del Banco de la República posee un espíritu de disenso y discrepancia. No obstante, el ideal es que a dicha instancia lleguen personas estrictamente por méritos, idoneidad y competencia. Lamentablemente, gobiernos de diversas orillas se han encargado de nombrar allí a «hijos, nietos o sobrinos de», lo cual otorga cierta validez a algunas de las críticas actuales. Si defendemos la independencia del Emisor, como en efecto lo hacemos, esta debe ser integral: la autonomía también parte de no pagar favores políticos a las castas de turno.
Dicho esto, el presidente incurre en un error técnico al afirmar que el aumento de las tasas de interés beneficia a la banca privada. La historia y las cifras confirman lo contrario: cuando las tasas suben, las entidades deben pagar mayores rendimientos a quienes depositan sus ahorros en instrumentos como los CDT. Además, el mercado de colocación de créditos se contrae; al haber menos préstamos, se maximizan los riesgos y disminuyen las utilidades. Un panorama de tasas altas no es, bajo ninguna lógica financiera, un escenario conveniente para el sector bancario.
En segundo lugar, es imperativo señalar que el Banco de la República se ve obligado a subir las tasas debido a decisiones gubernamentales que rayan en la irresponsabilidad fiscal. El aumento del salario mínimo a niveles desproporcionados, el desborde en el gasto público y un endeudamiento nacional con tasas «venenosas» han presionado la economía. La función constitucional del Banco es proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos frente a la inflación, y su actuación actual no es un capricho, sino una respuesta técnica necesaria.
Como conclusión, es urgente que el Ministro de Hacienda reflexione. En la política monetaria no cabe la ideología, sino la razón y la lógica de los números. Los colombianos no pueden seguir padeciendo la inflación, que es, por definición, el impuesto más regresivo y nocivo para las clases baja y media. Más allá de la narrativa simplista que señala a «malvados banqueros», el Gobierno debe entender que las decisiones tomadas hoy no solo afectarán el presente, sino que comprometerán la estabilidad del próximo mandato. Es hora de que el Ministerio regrese a la mesa técnica y priorice la sensatez nacional sobre el cálculo político.