El Ministerio de Salud y Protección Social ha solicitado a la Corte Constitucional esclarecer ciertos aspectos relacionados con el Acto 007 de 2025, el cual declaró insuficiente el valor asignado a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024.
Impacto del fallo de la Corte Constitucional sobre la UPC y la solicitud del Ministerio de Salud
La solicitud del Ministerio responde a varias inquietudes que, según la entidad, generan incertidumbre respecto a la implementación de lo ordenado por la Sala Especial de Seguimiento. En particular, el Ministerio pidió claridad sobre la estructuración y funcionamiento de la mesa de trabajo que deberá encargarse de la revisión del valor de la UPC.
También solicitó precisiones sobre la presidencia de este organismo, las normas que regularán su operatividad y la necesidad de una socialización previa de su reglamento.
Uno de los puntos más sensibles del fallo es la orden de reajuste de la prima desde el año 2021. Frente a esto, el Ministerio de Salud expresó dudas sobre la base técnica utilizada por la Corte para determinar los rezagos en la actualización del valor de la UPC.
En ese sentido, la entidad pidió conocer los criterios empleados para establecer el porcentaje de incremento que se considera adecuado y suficiente.
Otro aspecto cuestionado es la posible extralimitación de funciones por parte de la Sala Especial de Seguimiento. Según el Ministerio, la orden de modificar la metodología de cálculo de la UPC podría interferir con la autonomía del sector salud y generar conflictos jurídicos e institucionales.
La entidad subrayó que cualquier cambio en esta metodología tiene un impacto significativo en la sostenibilidad financiera del sistema de salud y debe realizarse con base en estudios técnicos rigurosos.
El Acto 007 de 2025 surge como una respuesta de la Corte a las deficiencias detectadas en el sistema de información del sector salud, que han influido en la determinación del valor de la UPC.
Este indicador es fundamental, pues define los recursos que se asignan a las EPS para garantizar la prestación de servicios a los afiliados al sistema de salud. La insuficiencia en su cálculo puede afectar la calidad y cobertura de los servicios médicos.
La respuesta de la Corte a las solicitudes del Ministerio será clave para definir el futuro del mecanismo de ajuste de la UPC y la estabilidad financiera del sistema de salud en Colombia. Mientras tanto, el sector permanece atento a los lineamientos que surjan de este proceso, dado el impacto que podrían tener en la operatividad de las EPS y en la atención de los ciudadanos.
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