El hecho: El Ministerio TIC sancionó a Telecall Colombia con una multa superior a los $7.400 millones por incumplimientos relacionados con obligaciones derivadas de la subasta 5G.
¿Por qué es importante? Porque la decisión busca garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los operadores y asegurar la ejecución de proyectos de conectividad en diferentes regiones del país.
¿Cuál es el contexto? Telecall obtuvo un bloque de espectro en la subasta 5G de 2023 y asumió obligaciones de cobertura, infraestructura y conectividad como parte de las condiciones de adjudicación.
¿A quiénes afecta y cómo? La medida involucra a la empresa sancionada, a las instituciones educativas beneficiarias de los proyectos y a las comunidades que esperan mejoras en cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones.
El dato que no se puede perder: Pese a la sanción, el Ministerio mantuvo intactas las obligaciones de conectividad, cobertura e infraestructura asociadas al permiso, con el objetivo de garantizar que los beneficios de la subasta 5G lleguen a los ciudadanos.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) anunció una sanción contra Telecall Colombia S.A.S., empresa que obtuvo espectro radioeléctrico durante la subasta 5G realizada en diciembre de 2023. La decisión se produce tras identificar incumplimientos relacionados con obligaciones económicas y garantías exigidas para la ejecución de los compromisos adquiridos por la compañía.
La empresa había resultado adjudicataria de un bloque de 80 MHz en la banda de 3.500 MHz, una de las más relevantes para el despliegue de tecnologías móviles de quinta generación en Colombia. Como parte de las condiciones de asignación, Telecall asumió una serie de responsabilidades orientadas a fortalecer la conectividad y contribuir al cierre de brechas digitales en diferentes territorios del país.
¿Por qué fue sancionada Telecall y qué pasará con los proyectos de conectividad 5G?
Entre esas obligaciones figuraban proyectos de expansión de infraestructura móvil, mejoras en cobertura, conectividad para cientos de instituciones educativas y acciones destinadas a ampliar el acceso a servicios de telecomunicaciones en zonas priorizadas.
Sin embargo, durante las labores de seguimiento realizadas por el Ministerio, se evidenciaron retrasos en el pago de la primera cuota de la contraprestación económica asociada al permiso otorgado, así como en la constitución de las pólizas requeridas para respaldar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Estas situaciones dieron lugar a varios procesos administrativos que posteriormente derivaron en una investigación sancionatoria adelantada por la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control de la entidad.
Aunque la empresa regularizó posteriormente su situación, el Ministerio concluyó que el cumplimiento tardío no eliminaba la responsabilidad derivada de los incumplimientos previamente verificados.
De acuerdo con la entidad, Telecall efectuó en marzo de 2026 el pago correspondiente a la contraprestación económica pendiente, junto con los ajustes monetarios exigidos. Asimismo, presentó las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil requeridas, las cuales fueron posteriormente revisadas y aprobadas por las autoridades competentes.
No obstante, tras culminar el proceso administrativo, el Ministerio impuso una multa por más de $7.422 millones. La decisión quedó en firme el pasado 11 de junio de 2026.
Paralelamente, el Gobierno adoptó medidas para evitar que esta situación afecte los proyectos asociados al permiso de uso del espectro. Por ello, se realizó un ajuste al cronograma de ejecución de las obligaciones asumidas por la compañía.
Según explicó la cartera TIC, la modificación busca garantizar que las metas comprometidas puedan materializarse sin alterar las condiciones esenciales de la adjudicación. Esto significa que continúan vigentes los compromisos relacionados con cobertura, despliegue de infraestructura, conectividad para instituciones educativas y aportes al cierre de la brecha digital.
La entidad enfatizó que el ajuste no representa beneficios adicionales para el operador ni modifica los valores económicos pactados originalmente. Su propósito es asegurar que las inversiones comprometidas lleguen efectivamente a las comunidades beneficiarias y que los proyectos contemplados en la subasta 5G puedan ejecutarse en los plazos previstos.
Con esta decisión, el Ministerio TIC busca enviar un mensaje sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones asociadas al uso de un recurso público estratégico como el espectro radioeléctrico, al tiempo que procura garantizar que los proyectos de conectividad continúen avanzando en beneficio de la transformación digital del país.
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