Consideramos que es oportuno que el Congreso, en especial la Comisión Sexta del Senado y la Cámara, invite a la ministra TIC Karen Abudinen a que exponga lo sucedido con el contrato de Centros Poblados. Puede ser un escenario imparcial y deliberativo en momentos en los que se requiere cabeza fría y no justicia mediática o sensacionalismo.
EDITORIAL
Hemos recibido toda clase de ataques, infamias y calumnias de twitteros por haber tomado una posición abismalmente distinta a la de la mayoría de los medios de comunicación que ha cubierto lo sucedido con el contrato adjudicado a Centros Poblados, lo cierto es que este medio de comunicación se ha especializado desde hace varios años en la materia de telecomunicaciones y no es nuevo para nosotros abordar este tipo de temas.
Conocemos la problemáticas del sector, los avances, los grupos de interés, los indicadores y todo lo relacionado con uno de los sectores más importantes del país. Aquí no estamos pescando en río revuelto ni con dinamita y tenemos muy claro el alcance de lo sucedido. Por eso, hablamos con autoridad y no venimos a improvisar descaradamente de algo que no sabemos.
Nosotros somos extremadamente apegados a la ley, al debido proceso, a que se respeten las garantías a todas las partes, sea cual sea el suceso, por más grave que parezca; porque entendemos la naturaleza no solamente de los elementos jurídicos y políticos que comprende esta, sino porque creemos que hay que avanzar a debates más civilizados, con altura, con profunda argumentación, con los pies sobre la Tierra, y tratar de migrar de un debate absolutamente inocuo, amarillista y muy vendedor de clics y titulares, pero bastante irresponsable.
Hemos hecho las preguntas necesarias, hemos planteado tesis que le pueden servir a las partes interesadas en este proceso y hemos hablado con quienes tenemos que hablar, con quienes toman las decisiones y son expertos en Derecho, Telecomunicaciones y, desde luego, con miembros del Congreso de la República.
Aquí no vamos a enfrascarnos a seguir repitiendo lo que otros dicen como loros mojados, además, de que incluyen sentencias muy graves. Es delicado que personas (reales y falsas) en redes sociales acusen a la ministra Karen Abudinen de haberse hecho con parte de los $70.000 millones del anticipo, sin ninguna prueba ni argumento.
Luego, los medios de comunicación han cabalgado sobre dos hechos puntuales: la póliza aparentemente falsa, que constituye tres garantías, y el anticipo de los $70.000 millones. Esos son los dos puntos en los que se han centrado. Y ahora algunos congresistas de la izquierda intentan basarse en los mismos para citar a una moción de censura a una ministra, cuando estos funcionarios se les indaga sobre lo sucedido y no tienen absolutamente ni idea de qué están hablando, porque nunca han profundizado en lo que ocurre en el sector. Son congresistas que están haciendo politiquería y buscando figuración, a ellos no les interesa el país.
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Aquí está muy claro algo y es, primero, reiterar el llamado a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía a que investiguen esto milimétricamente, con detalle, profundidad y precisión, y que por ser esto ahora un escándalo de nivel nacional (porque así lo han querido hacer ver los medios distorsionando el debate y contaminando el proceso) corresponde que la justicia lleve este caso públicamente y le esté reportando a la ciudadanía los avances que tiene.
En segundo lugar, creemos que la presencia de la ministra en el Congreso es necesario para dar claridad a todo lo sucedido por este contrato, que el gobierno del presidente Iván Duque a través de una Alta Consejería también apoye dicha diligencia y se busque – y es nuestro principal interés – que se preserve la intención de llevarle internet a los niños de la Zona B del país, una de las más afectadas por los problemas que afligen al país. Así, no puede estar en discusión en ningún momento la deuda de llevarles conectividad.
De ahí la pregunta ¿Cómo hacer que las personas que estarían incurriendo en delitos en el marco de este contrato no queden impunes? Hay que lograr que respondan quienes tengan que responder, evitando que se involucre al estado en demandas futuras. Consideramos que estas líneas que exponemos son fundamentales en la hoja de ruta para solucionar este suceso.
La invitación de la ministra en el Congreso es necesaria por eso, porque se puede dar claridad a las medias verdades y mentiras que se han dicho, como también reafirmar los hechos ciertos y tangibles que han ocurrido. Hay que sacar este asunto del amarillismo, del chisme, de los intereses políticos, que algunas personas en el país tienen sobre este contrato y sobre la cabeza de la ministra Karen Abudinen.
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Quieren que ella renuncie, como si eso solucionara algo, pero no, si la ministra renunciase o fuese expulsada por el presidente de su gabinete, va a llegar alguien nuevo que tendrá que tomar una decisión que es la misma que la ministra tiene que tomar: o desconocer que el contrato existe o caducarlo, que es el proceso que se sigue en este momento, o aceptar una sesión que para nada tiene que estar relacionada con Centros Poblados, todo lo contrario, que sea una empresa absolutamente ajena, ojala internacional o local que sea investigada a profundidad y no tenga ningún vínculo con ellos, pero que esto implique no exponer a los niños a quedarse sin internet.
Para terminar, es importante que Colombia conozca: en primer lugar, que el interventor ha certificado que los $70.000 millones se han invertido en el contrato, que parte del dinero está en Estados Unidos porque se contrató a empresas como Hughes Communications para llevar el internet satelital a la zona B. Segundo, el dinero salió de una Fiduciaria, que garantiza que el dinero no se pierda, sino que tenga total trazabilidad. Tercero, sobre la presunta constitución de una póliza falsa, entendemos la sensación que se puede sentir, el único que puede determinar que una póliza es falsa es un juez, como indica el debido proceso.
Entonces, el gobierno debe garantizar que se descubra qué sucedió con esa póliza, quiénes fueron los culpables de expedir y tramitar el documento; luego, que si se acepta la sesión o se caduca el contrato, el Ministerio, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía recojan los dineros, servicios y bienes que se adquirieron con la inversión de los $70.000 millones y lo ponga a disposición o del ministerio o del nuevo encargado del proyecto.
Insistimos en el llamado de poner al país por encima de los debates políticos, de los intereses personales, respeten el debido proceso y no mediaticen esta situación que es tan delicada para el país. Háganlo con cabeza fría.