En un paso decisivo para abordar la crisis del sector energético en la región Caribe, el Gobierno ha aprobado la intervención en Air-e, la empresa encargada del suministro de energía eléctrica en Atlántico, La Guajira y Magdalena. Esta medida surge en respuesta a la grave situación financiera que enfrenta la compañía, que supera los $1,8 billones.
El Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, confirmó la decisión durante un debate en la Comisión Sexta del Senado de la República expresando, «hoy en la CREG hemos dado concepto favorable a la intervención de Air-e, porque es decisión de este Gobierno garantizar la prestación del servicio. No vamos a permitir que el mercado siga apoderándose de los derechos de la gente”.
Camacho subrayó que la intervención se considera una acción necesaria dado el fracaso de las medidas previas en la generación y comercialización de energía. «Hemos tomado medidas en la generación y comercialización, pero la verdad ya nos toca el camino de la intervención, ya no hay más», aseguró, instando al Congreso a respaldar esta decisión para proteger los derechos de los usuarios y asegurar una respuesta rápida.
Críticas a la normativa vigente y pasos firmes hacia una solución estructural
El Ministro también criticó la normativa vigente que ha impedido resolver las elevadas tarifas de energía en la región. “La situación a la que nos han llevado es insostenible,” indicó y agregó, “hemos intentado hacer acuerdos con las empresas a través de la regulación, romper esa telaraña de normatividad que se ha creado durante 30 años para mantener unos intereses”.
Camacho Morales destacó la falta de soluciones a través de la regulación y la necesidad de tomar medidas más firmes para evitar una posible suspensión del servicio. “Vamos a tener que dar pasos más firmes para que, mientras salgan esas medidas regulatorias que ya están casi listas, logremos impedir ese apagón que no lo ha habido y no vamos a permitir que exista en ninguno de los segmentos de este sector”, afirmó.
El Ministro concluyó que la intervención abarcará no solo la generación y comercialización, sino todos los segmentos de la cadena para garantizar la justicia tarifaria y proteger los derechos de los usuarios, destacando, “nunca antes se habían dado estos pasos certeros y muy cercanos a una respuesta estructural para transformar la estructura del mercado”.
Esta intervención del Gobierno según sugiere el ministro, busca reestructurar el mercado energético en la región y asegurar un suministro estable y justo para todos los ciudadanos.
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