En una rueda de prensa realizada el lunes 20 de noviembre, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, anunció una solicitud a la Contraloría para realizar una “auditoría forense” a la EPS Sanitas, con el objetivo de esclarecer los datos financieros de la entidad prestadora de salud. Este movimiento busca entender la falta de reservas técnicas y examinar detenidamente el flujo de recursos.
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“Queremos pedirle a la Contraloría a realizar una auditoría al pago de los recursos de las EPS a los proveedores, a hacer una auditoría forense a los recursos. Queremos saber cómo se están haciendo las transferencias de las utilidades”, detalló Jaramillo durante la conferencia.
El ministro aseguró que, a pesar de los ajustes pendientes de 2022, estimados en unos 800 mil millones de pesos, los pagos a Sanitas están al día. Jaramillo mencionó que el sistema de salud ha experimentado retrasos de hasta cuatro años en gobiernos anteriores sin mayores problemas y que la situación actual no debería ser motivo de alarma. La deuda pendiente con Sanitas se estima en 99 mil millones de pesos.
“El Estado le ha pagado más de 10 billones de pesos a las EPS, por lo que cualquier deuda de Sanitas con Cruz Verde debería estar saneada. No hay evidencia sobre la insuficiencia que manifiestan las EPS”, enfatizó el ministro.
¿Qué respondió Sanitas al Ministro de Salud?
Sanitas respondió a las preocupaciones, destacando que están haciendo esfuerzos más allá de sus responsabilidades para encontrar soluciones. La entidad anunció que asumirá transitoriamente la financiación correspondiente al Gobierno.
En la misma rueda de prensa, el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, recordó que el pasado 30 de octubre, cuando Cruz Verde anunció que dejaría de suministrar medicamentos a Sanitas, se inició una investigación. Esta reveló más de 800 casos de pacientes que afirmaron no haber recibido oportunamente sus medicamentos por parte de Sanitas. Beltrán destacó que, hasta el momento, solo se han resuelto 200 de los 800 reclamos.
La solicitud de auditoría forense y la respuesta de Sanitas plantean interrogantes sobre la gestión financiera y operativa en el sector de la salud en el país, poniendo de manifiesto la necesidad de una revisión detallada de las prácticas y los flujos de recursos en las entidades prestadoras de salud. La Contraloría jugará un papel clave en el esclarecimiento de estos asuntos, brindando transparencia y claridad en medio de las preocupaciones planteadas por el ministro y la comunidad afectada.
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