El pulso entre el Gobierno Nacional y varios mandatarios regionales por la aplicación de los decretos expedidos bajo la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro escaló este martes al plano jurídico. MinJusticia advirtió que podría emprender acciones legales contra los gobernadores que han anunciado que no acatarán dichas medidas.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, calificó como un “exabrupto jurídico” la decisión de 17 gobernadores de desconocer los decretos y aseguró que el Ejecutivo analizará caso por caso los actos administrativos que emitan las gobernaciones para hacer efectiva esa postura. Según explicó, a partir de esos documentos se definirán las acciones judiciales correspondientes.
Ministerio de Justicia advierte demandas contra departamentos que no apliquen decretos de emergencia
Idárraga fue enfático en señalar que los gobernadores no tienen la competencia para cuestionar la constitucionalidad de los decretos de emergencia, una facultad que, recordó, recae exclusivamente en la Corte Constitucional. En ese sentido, advirtió que acudir a figuras como la excepción de inconstitucionalidad para no aplicar las normas podría constituir una extralimitación de funciones y un desconocimiento del orden constitucional.
Mientras el Gobierno endurece su posición, las entidades territoriales avanzan en su propia estrategia jurídica. Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) se informó que fue presentada ante la Corte Constitucional una coadyuvancia a la solicitud de medida cautelar elevada por la Alcaldía de Medellín, en la que se pide la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica y Social.
Para Asocapitales, las razones expuestas por el Ejecutivo no cumplen con los criterios de sobreviniencia, imprevisibilidad y gravedad exigidos por la Constitución. En su concepto, se trata de problemas estructurales que debieron atenderse a través de los mecanismos ordinarios del Estado y no mediante una declaratoria excepcional. Por ello, también solicitaron la suspensión de los efectos del Decreto 1474 de 2025 y de las normas que se desprendan de la emergencia.
En paralelo, la Federación Nacional de Departamentos (FND) anunció que acompañará a los gobernadores en la definición de un mecanismo jurídico que permita frenar los efectos del Decreto 1474, especialmente en lo relacionado con el incremento del Impuesto al Consumo y el aumento del IVA del 5 % al 19 % en algunos productos. Según la FND, estas medidas podrían afectar de manera significativa la sostenibilidad financiera de los departamentos.
El gremio de gobernadores advirtió además que los cambios tributarios tendrían un impacto directo sobre la financiación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte. En ese contexto, los mandatarios solicitarán ser escuchados por la Corte Constitucional y designaron una comisión de voceros para representar a las regiones en este proceso.
Mientras la Corte analiza las solicitudes, el choque entre la Nación y los territorios abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la emergencia económica y el alcance de la autonomía regional en Colombia.
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