La Corte Constitucional recibió un nuevo concepto en el marco del estudio de la demanda contra varios artículos del Código Civil que reglamenta las normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapacidad Emancipadas.
Por: Redacción 360 Radio
En el documento de 16 páginas el Ministerio de Salud pidió que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 117, 140, y 143 del Código Civil al considerar que ponen en riesgo diferentes derechos fundamentales al establecer la edad de 14 años como la mínima para casarse en Colombia.
“La evidencia ha demostrado que el matrimonio en menores de 18 años es un factor de riesgo para aumentar los embarazos en la adolescencia, y la maternidad y paternidad temprana”, explicó el Ministerio de Salud al tener en cuenta las advertencias hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
De acuerdo con la cartera, lo establecido en los artículos demandados perpetúa el matrimonio en menores de 18 años, lo cual es “una práctica nociva que afecta a las mujeres y niñas en Colombia”.
“Si bien las personas mayores de 14 años son titulares del derecho a conformar unas familias, así como de derechos sexuales y derechos reproductivos, que incluyen la prerrogativa de decidir si se quiere o no tener relaciones sexuales y con quién, sin que exista violencia, coacción o interferencias arbitrarias de terceros”.
Además, “el acceso a servicios de salud sexual y a determinar si se quiere tener hijos, cuántos y cuándo, no puede olvidarse el mandato de protección de los niños, niñas y adolescentes contra todo tipo de abuso sexual, como sujetos de protección constitucional reforzada” dice el concepto.
Debido a esto, el Ministerio de Salud considera que el Estado, la familia y la sociedad deben ser claves para evitar que se vulneren sus derechos “incluso los sexuales y reproductivos”. El concepto sigue en la misma línea de la argumentación que presentó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Unicef, quienes solicitaron también tumbar los artículos.