El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) decidió revocar la Resolución 02358 de 2025, mediante la cual había declarado el incumplimiento de Telecall por no constituir y presentar dentro del plazo legal las garantías exigidas tras ganar un bloque de espectro en la subasta 5G de 2023.
La decisión quedó consignada en la Resolución 0611 del 25 de febrero de 2026, firmada por la Viceministra de Conectividad, en la que se concluye que la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control utilizó un procedimiento administrativo inadecuado para declarar el incumplimiento.
En términos simples: el MinTIC tumbó su propia sanción. No obstante, Gusseppe González, experto en Telecomunicaciones, señaló que «Esto implica que la deuda de Telecall sigue en pie y el MinTIC está tratando de arreglar las fallas que menciona en la Resolución. Le dan segunda vida parcialmente, pero DVIC tiene que abrir otra investigación y Telecall se tendrá que defender, entonces igual puede que le vaya mal».
¿Qué pasará ahora con Telecall?
La sanción original declaraba el incumplimiento de Telecall, la ocurrencia del siniestro de la póliza de seriedad de la oferta y abría la puerta al cobro de más de $64.000 millones, suma que no ha sido pagada. Sin embargo, en segunda instancia el Viceministerio concluyó que no se debía adelantar primero un procedimiento administrativo común para declarar el incumplimiento, sino iniciar directamente el procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo.
El argumento central es que la falta de presentación de las garantías debía tramitarse directamente bajo el esquema sancionatorio que podría conducir a la declaratoria de la condición resolutoria del permiso de uso del espectro. Al no hacerlo así, se habría afectado el debido proceso.
Por esa razón, la Resolución 0611 revoca en su totalidad la decisión anterior y ordena reiniciar la actuación administrativa bajo el procedimiento correcto.
¿Se salvó Telecall?
No exactamente. La revocatoria no absuelve a Telecall ni declara inexistente el incumplimiento. Lo que hace es devolver el proceso a su punto de partida, pero sí le da vida nuevamente en un proceso en el cual los demás operadores como Claro y Tigo-Movistar ya van bien adelantados.
En el mismo acto administrativo se ordena a la Dirección de Vigilancia iniciar de manera inmediata la actuación sancionatoria correspondiente. Es decir, el proceso continúa, pero ahora bajo la ruta jurídica que el propio Ministerio considera adecuada.
Sin embargo, el efecto inmediato es claro: la sanción anterior queda sin efectos y el cobro de la póliza queda suspendido mientras se adelanta el nuevo trámite.
Señales contradictorias en la subasta 5G
La decisión abre interrogantes sobre la seguridad jurídica en uno de los procesos más relevantes del sector telecomunicaciones en los últimos años: la subasta 5G.
En 2023, Telecall resultó adjudicataria de un bloque de 80 MHz en la banda de 3.500 MHz, con una oferta superior a los $318.000 millones. No obstante, no constituyó las garantías exigidas tras el otorgamiento del permiso, lo que desencadenó la actuación administrativa.
El hecho de que el propio Ministerio termine revocando su sanción por errores procedimentales plantea cuestionamientos sobre la solidez jurídica con la que se han manejado los procesos posteriores a la subasta 5G.
Geusseppe González señala además que «Lastimosamente hasta que esto no se resuelva desde lo jurídico no se podrá usar ese espectro para la conectividad del país ya que no solo Telecall no está haciendo nada, el MinTIC tampoco se lo puede asignar a otro operador para que este sí lo use», lo que sin duda afecta a la industria.
Aunque claramente este espectro podría ser usado por otro operador, el experto explica que «Esto en términos de competencia favorece a Claro y Tigo que son los únicos con una oferta de 5G que sigue creciendo. WOM y Telecall (si opera en Colombia) dificilmente podrán competir en 5G», dicen.
«¿Qué implica esto para la conectividad? Telecall no solo no ha realizado el primer pago, tampoco ha cumplido con sus obligaciones no pecuniarias de conectividad en escuelas y carreteras, esto es igual o más grave ya que esas escuelas necesitaban conectividad y nadie se las está dando».
La subasta 5G fue presentada como un hito para la modernización tecnológica del país y la ampliación de la competencia. Que uno de sus adjudicatarios esté envuelto en un proceso que debe reiniciarse por errores de trámite evidencia tensiones internas en la gestión regulatoria.
Ahora el foco está en cómo se adelantará el nuevo procedimiento sancionatorio y si el resultado final será distinto. Por el momento, la realidad es una sola: la sanción se cayó y el proceso vuelve a empezar.