La Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC) confirmó el cierre financiero del proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, una obra que marcará un antes y un después en la infraestructura aeroportuaria de la región.
La operación fue respaldada por entidades como el Banco Davivienda, Itaú Colombia y dos fondos especializados en infraestructura: el Fondo de Deuda Senior CAF-AM Ashmore II y el Fondo BONUS Compartimento Infraestructura II. Con este respaldo, se garantiza el inicio y continuidad de las obras que buscan responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo en Cartagena.
Cierre financiero impulsa la modernización del Aeropuerto Rafael Núñez en Cartagena
De acuerdo con Patricia Mejía, gerente general de OINAC, esta terminal aérea es la tercera más importante del país en número de pasajeros y cumple un papel determinante en la conectividad y competitividad del Caribe colombiano. La directiva subrayó que el cierre financiero refleja la confianza del sector en la viabilidad del proyecto y en la capacidad de su promotor.
La necesidad de esta intervención se explica en las cifras recientes. Durante 2025, el aeropuerto movilizó cerca de 7,7 millones de pasajeros, distribuidos en 18 rutas internacionales y seis nacionales.
Este volumen lo consolida como el más transitado de la región Caribe, pero también evidencia la presión que enfrenta su infraestructura actual, la cual ha quedado rezagada frente al ritmo de crecimiento.
El proceso de estructuración financiera y técnica contó con la participación de múltiples firmas especializadas. Structure Banca de Inversión lideró el componente financiero, mientras que Holland & Knight brindó asesoría jurídica.
Por parte de los financiadores, la firma Cuatrecasas actuó como asesor legal, y Aon Risk Services Colombia se encargó del componente de seguros. Además, AERTEC y Steer Davies Gleave participaron en la proyección de la demanda y el tráfico aéreo, mientras que KPMG auditó el modelo financiero. La debida diligencia en aspectos técnicos, ambientales y sociales estuvo a cargo de ARUP.
En paralelo al cierre financiero, el proyecto ya comenzó a materializarse con las primeras intervenciones visibles en la fachada del aeropuerto. Estas obras cuentan con la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), obtenida mediante un trámite de cambio menor.
Este permiso habilita 18 intervenciones estratégicas que representan aproximadamente el 75 % del total del proyecto, lo que permite avanzar en buena parte de la transformación prevista.
No obstante, el desarrollo de las obras enfrenta un desafío clave relacionado con la articulación institucional. La concesión ha señalado la necesidad de coordinar con la Alcaldía Mayor de Cartagena la definición y entrega de espacios viales y zonas de circulación indispensables para ejecutar nuevas fases del proyecto. La disponibilidad de estas áreas será determinante para mantener el ritmo de construcción y evitar retrasos en el cronograma.
Más allá de la magnitud de la inversión y del impacto en el tráfico aéreo, el proyecto tiene un elemento diferenciador dentro del sector. Se trata de la primera Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa privada en el ámbito aeroportuario colombiano, un modelo en el que el concesionario asume la estructuración y promoción desde su origen, sin que el Estado lidere el proceso inicial.
Este esquema ya ha mostrado resultados en otros mercados, como el caso del aeropuerto de Santiago, donde el operador privado transfiere al Estado el 77,5 % de sus ingresos totales, una de las participaciones más altas en la región para este tipo de concesiones.
El cierre financiero del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez abre la puerta a que este modelo pueda replicarse en otras terminales del país que enfrentan limitaciones similares en infraestructura.
En ese sentido, la iniciativa no solo apunta a modernizar uno de los principales aeropuertos turísticos de Colombia, sino también a sentar un precedente para futuras inversiones en el sector aeronáutico nacional.
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