En Cali, la normalización de la infracción al código de tránsito ha llevado a una situación crítica en las calles. Durante más de cuatro años, los motociclistas han violado las normas sin consecuencias significativas, en un entorno donde las autoridades han sido permisivas e incluso cómplices de la corrupción. Este clima ha convertido a la ciudad en un epicentro de caos, con altos índices de accidentes viales, sicariato y robos.
La llegada del alcalde Alejandro Eder, con la intención de restablecer el orden y el control en las calles, ha sido recibida con resistencia por parte de los motociclistas. Pese a las dificultades financieras y los retos en la gestión del tránsito, el alcalde ha enfrentado la corrupción en la policía de tránsito, incluso denunciando sobornos que permiten a los infractores evadir las sanciones.
Este lunes 26 de agosto, una multitud de motociclistas salió a protestar en contra de lo que consideran «retenes ilegales», desestimando la legitimidad de los controles establecidos por la Policía, el Ejército y el tránsito. Estos motociclistas argumentan que se les está persiguiendo por exigirles cumplir con la ley: portar el SOAT al día, usar cascos, evitar alterar las placas, respetar los semáforos, y no invadir los carriles del sistema de transporte MIO ni las aceras destinadas a los peatones.
La situación plantea una inquietante pregunta sobre el nivel de conciencia de estos conductores al obstruir la ciudad y causar perjuicios a la comunidad por el simple hecho de que se les exija cumplir con las normas. Es casi surrealista que estas protestas surjan por la imposición de reglas básicas que deberían respetarse sin cuestionamientos.
Los motociclistas de Cali, que han disfrutado de beneficios como no pagar peajes y recibir subsidios del gobierno, ahora se quejan porque se les pide cumplir la ley. Mientras tanto, la ciudad ha sido testigo de una crisis de seguridad y altos índices de accidentalidad vial, donde muchas vidas se han perdido, incluyendo las de niños y adultos mayores.
La gran incógnita es si la ciudadanía de Cali permitirá que esta situación continúe. La respuesta de la Administración Municipal no debería ser otra que reforzar y fortalecer los retenes en toda la ciudad, aplicando las sanciones necesarias a quienes no cumplan con la ley. Si es necesario, aquellos que cometan delitos deben ser llevados ante la justicia.
Cali necesita recuperar el orden, el sentido común, la cultura ciudadana y el respeto por las normas y los demás. Apoyamos al alcalde Alejandro Eder y a los funcionarios de la Secretaría de Movilidad en su esfuerzo por restaurar la legalidad en la ciudad, y hacemos un llamado a la ciudadanía para que respalde estos esfuerzos.
