sábado, febrero 4, 2023
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    Por reforma tributaria multinacionales podrían demandar a Colombia

    Empresas multinacionales del sector minero energético podrían preparar demandas contra Colombia por los cambios en las condiciones dadas por la reforma tributaria, piensan acudir al CIADI, la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas entre inversionistas – Estado.


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    Por: Redacción 360 Radio

    Diversas mineras han presentado 17 solicitudes de arbitraje contra 8 países de Latinoamérica durante este 2022 por conflictos relacionados con proyectos de cobre, oro, níquel, carbón y caliza.

    El arbitraje es un ejemplo de solución a los riesgos que enfrentan las mineras cuando hacen negocios en diversos países, en este caso, por el cambio venidero que trae la reforma tributaria. La mayor parte de los inconvenientes están relacionados con suspensiones o cancelaciones de proyectos, problemas ambientales, sociales, el pago de impuestos y regalías.

    La ministra de minas, Irene Vélez se ha pronunciado ante este posible riesgo afirmando que “El tema de las demandas es algo que evalúan las empresas, ellas deciden si demandan o no, nuestra tarea es asegurar que en esta reforma tributaria se cumpla el propósito de poder tener recursos para el Estado y tenga con qué hacer inversión social”

    Además agrego que “Nosotros tenemos claro que esta reforma tributaria se requiere porque el país no tiene recursos para hacer los cambios que se necesitan. La reforma está enfocada necesariamente a las grandes empresas, a los actores privados que son los que más capacidad económica tienen, no vamos a afectar a los colombianos de a pie”.

    En el caso de Colombia, este tipo de controversias ya ha ocurrido, en enero concluyó el caso de arbitraje solicitado por Anglo American en relación con la mina de carbón Cerrejón. El CIADI no ha hecho pública la documentación que detalla la reclamación, pero anteriormente informó que se relacionaba con una orden judicial local que bloqueaba los planes de expansión en Cerrejón.

    Otros de los casos pendientes en Colombia son:

    South32 inició también un procedimiento de arbitraje contra Colombia en 2020 por regalías derivadas de la mina de ferroníquel Cerro Matoso. En tanto, GCM Mining (antes Gran Colombia Gold) solicitó en 2018 una compensación por US$250 millones afirmando que las autoridades no protegieron sus proyectos de la minería ilegal y protestas violentas.

    Eco Oro Minerals, Galway Gold y Red Eagle Exploration también presentaron denuncias por restricciones ambientales impuestas a la actividad minera en páramos.

    ¿Qué recomiendan los abogados para que no aumente la litigiosidad en el país?

    De acuerdo con el pronunciamiento de expertos en el tema, en Semana afirman que el panorama litigioso en Colombia ha sido tradicionalmente lleno de retos.

    Para Julián Solorza, de DLA Piper Martínez Beltrán, en la medida en que las reformas en los distintos sectores respeten los derechos adquiridos y no ocasionen una variación abrupta en las condiciones en las cuales se vienen ejecutando los contratos, la actividad litigiosa no sufrirá alteraciones en relación con su comportamiento normal. “Si ocurre lo contrario, es previsible que en los sectores afectados se aumente significativamente la actividad litigiosa en contra del Estado”.

    Para Claudia Benavides y Cristina Mejía, socias del área de resolución de conflictos de Baker McKenzie, “a la luz de diferentes tratados de protección a la inversión se han presentado alrededor de 19 reclamaciones en contra de Colombia, de las cuales unas 14 aún están por resolverse, por lo que en los próximos años podemos esperar que varias de estas demandas contra el Estado sean resueltas por los tribunales internacionales”. Advierten que, si el nuevo Gobierno tiene el interés de contar con la inversión extranjera como fuente de recursos, generadora de empleo y creadora de oportunidades, “será fundamental que el Gobierno sea respetuoso de los derechos adquiridos por los inversionistas extranjeros y de las obligaciones asumidas por el Estado en materia de protección a la inversión”.

    Quintero, de Q&Q Legal, señala que por las reformas legales y constitucionales que planea el nuevo Gobierno, tales como la reforma a la Ley 100 de 1993 en los regímenes pensionales y de salud, la reforma tributaria y la reforma laboral, “hay que recordar que los contratos de estabilidad jurídica ya no existen en Colombia, quedando solo aplicable la figura a los grandes proyectos que certifique el comité triple A, por lo tanto, son políticas de Estado que, aparte de demandas de constitucionalidad y nulidad, no conllevan una mayor litigiosidad en contra del Estado”.

    LEER TAMBIÉN: Plan de cierre de Prodeco de minas del Cesar se tratará en mesas de diálogo

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    Empresas multinacionales del sector minero energético podrían preparar demandas contra Colombia por los cambios en las condiciones dadas por la reforma tributaria, piensan acudir al CIADI, la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas entre inversionistas – Estado.


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    Por: Redacción 360 Radio

    Diversas mineras han presentado 17 solicitudes de arbitraje contra 8 países de Latinoamérica durante este 2022 por conflictos relacionados con proyectos de cobre, oro, níquel, carbón y caliza.

    El arbitraje es un ejemplo de solución a los riesgos que enfrentan las mineras cuando hacen negocios en diversos países, en este caso, por el cambio venidero que trae la reforma tributaria. La mayor parte de los inconvenientes están relacionados con suspensiones o cancelaciones de proyectos, problemas ambientales, sociales, el pago de impuestos y regalías.

    La ministra de minas, Irene Vélez se ha pronunciado ante este posible riesgo afirmando que “El tema de las demandas es algo que evalúan las empresas, ellas deciden si demandan o no, nuestra tarea es asegurar que en esta reforma tributaria se cumpla el propósito de poder tener recursos para el Estado y tenga con qué hacer inversión social”

    Además agrego que “Nosotros tenemos claro que esta reforma tributaria se requiere porque el país no tiene recursos para hacer los cambios que se necesitan. La reforma está enfocada necesariamente a las grandes empresas, a los actores privados que son los que más capacidad económica tienen, no vamos a afectar a los colombianos de a pie”.

    En el caso de Colombia, este tipo de controversias ya ha ocurrido, en enero concluyó el caso de arbitraje solicitado por Anglo American en relación con la mina de carbón Cerrejón. El CIADI no ha hecho pública la documentación que detalla la reclamación, pero anteriormente informó que se relacionaba con una orden judicial local que bloqueaba los planes de expansión en Cerrejón.

    Otros de los casos pendientes en Colombia son:

    South32 inició también un procedimiento de arbitraje contra Colombia en 2020 por regalías derivadas de la mina de ferroníquel Cerro Matoso. En tanto, GCM Mining (antes Gran Colombia Gold) solicitó en 2018 una compensación por US$250 millones afirmando que las autoridades no protegieron sus proyectos de la minería ilegal y protestas violentas.

    Eco Oro Minerals, Galway Gold y Red Eagle Exploration también presentaron denuncias por restricciones ambientales impuestas a la actividad minera en páramos.

    ¿Qué recomiendan los abogados para que no aumente la litigiosidad en el país?

    De acuerdo con el pronunciamiento de expertos en el tema, en Semana afirman que el panorama litigioso en Colombia ha sido tradicionalmente lleno de retos.

    Para Julián Solorza, de DLA Piper Martínez Beltrán, en la medida en que las reformas en los distintos sectores respeten los derechos adquiridos y no ocasionen una variación abrupta en las condiciones en las cuales se vienen ejecutando los contratos, la actividad litigiosa no sufrirá alteraciones en relación con su comportamiento normal. “Si ocurre lo contrario, es previsible que en los sectores afectados se aumente significativamente la actividad litigiosa en contra del Estado”.

    Para Claudia Benavides y Cristina Mejía, socias del área de resolución de conflictos de Baker McKenzie, “a la luz de diferentes tratados de protección a la inversión se han presentado alrededor de 19 reclamaciones en contra de Colombia, de las cuales unas 14 aún están por resolverse, por lo que en los próximos años podemos esperar que varias de estas demandas contra el Estado sean resueltas por los tribunales internacionales”. Advierten que, si el nuevo Gobierno tiene el interés de contar con la inversión extranjera como fuente de recursos, generadora de empleo y creadora de oportunidades, “será fundamental que el Gobierno sea respetuoso de los derechos adquiridos por los inversionistas extranjeros y de las obligaciones asumidas por el Estado en materia de protección a la inversión”.

    Quintero, de Q&Q Legal, señala que por las reformas legales y constitucionales que planea el nuevo Gobierno, tales como la reforma a la Ley 100 de 1993 en los regímenes pensionales y de salud, la reforma tributaria y la reforma laboral, “hay que recordar que los contratos de estabilidad jurídica ya no existen en Colombia, quedando solo aplicable la figura a los grandes proyectos que certifique el comité triple A, por lo tanto, son políticas de Estado que, aparte de demandas de constitucionalidad y nulidad, no conllevan una mayor litigiosidad en contra del Estado”.

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