Por: Rafael Nieto Loaiza
Es indispensable recordar los antecedentes: 1. Petro y miembros de su equipo hicieron parte de una guerrilla que cometió toda clase de atrocidades. Otros de un partido comunista que articulaba su acción política con las Farc. Hay indicios de cercanía de algunos con el Eln. 2. El hermano de Petro, el ahora nuevo comisionado de paz y Piedad Córdoba se reunieron con paramilitares y narcotraficantes. Se sostuvo que había un pacto para conseguir apoyos electorales. 3. Petro habló de “una JEP para el narcotráfico” con “beneficios jurídicos”. Atacó la extradición. Ofreció “perdón social” para los delincuentes.
El gobierno sigue esa línea. Nombró un abierto enemigo de la Fuerza Pública como ministro de Defensa y un miembro del M19 como cabeza de la Dirección de Inteligencia, sacará a la Policía del MinDefensa y reconvirtió el Esmad en una “unidad de diálogo”, barrió con más de medio centenar de los generales con más conocimiento y experiencia.
No usará glifosato ni siquiera para la erradicación manual, no habrá erradicación forzada sino negociaciones voluntarias con los cocaleros y ahora auspicia una asamblea nacional cocalera (una legitimación tácita de los narcocultivos), proyectos de ley para la legalización de la cocaína, replanteamiento de la figura de la extradición y negociación con beneficios jurídicos con los grupos criminales vinculados al narcotráfico.
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En relación con el conflicto armado: designación como comisionado de paz de uno de los interlocutores durante la campaña con los bandidos, anuncio de “perdón social” y de “paz total” con negociaciones paralelas con los distintos grupos criminales, reapertura de diálogos con el Eln con cese al fuego bilateral y acuerdos parciales de ejecución automática que solo benefician a la guerrilla, decisión de restringir aún más el porte legal de armas (el desarme generalizado deja a los ciudadanos de bien a merced de los violentos), cese de las operaciones de bombardeos (aumentará el reclutamiento de menores para usarlos como escudos humanos).
La sumatoria de decisiones y mensajes es devastadora. Una combinación de enemigos de las Fuerzas Militares y la Policía en el gobierno y las instituciones de seguridad y defensa; debilitamiento sustantivo de las capacidades estratégica, operacional y táctica del Estado; tratamiento preferencial para violentos y criminales; políticas que expandirán los narcocultivos y fortalecerán a las organizaciones vinculadas con el narco; desprotección de los ciudadanos inocentes y pacíficos frente a los criminales.
Hoy no tengo duda: este un gobierno dirigido por un viejo criminal y sus camaradas, que pactó con criminales durante la campaña, y que ahora opera para favorecer a otros criminales. La narcocracia es una realidad.
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