Quien no aprende de la historia vuelve a sus errores, una amenaza que enfrenta el país por
la crisis de seguridad en campos y ciudades, por cuenta de las mafias del narcotráfico de
todos los pelambres y del microtráfico en las ciudades.
El país, sin embargo, no dimensiona la gravedad de la amenaza, ya sea porque se
acostumbró a la violencia que registran los medios y solo le pasa “a otros”, o distraído por
los escándalos y camorras políticas y por la basura que corre por las redes.
No obstante, la amenaza es real. Según las cifras del Ministerio de Defensa, en 2023 el
secuestro aumentó 72% y, según la Policía Nacional, a octubre se habían presentado 8.551
denuncias de extorsión, un delito que aterroriza a las víctimas y, por ello, es de altísimo
subregistro. Baste decir que, según Global Initiative, que le hace seguimiento a la
criminalidad en 193 países, Colombia ocupó en 2023 el segundo puesto en el Índice
Mundial de Crimen Organizado y el primero en América.
No dejen a los colombianos solos
Para la ganadería, víctima de estos delitos por parte de la guerrilla y los llamados
paramilitares en su momento, la extorsión nunca se fue y hoy la practican los herederos
narcotraficantes de unos y otros. La situación es crítica en el Caribe y el Magdalena Medio,
paradójicamente las regiones priorizadas por el Gobierno para compra de tierras con
destino a Reforma Agraria, pero también en Caquetá y en los Llanos, entre otras.
Esa es la amenaza efectiva, pero me preocupa más la amenaza latente. En los 90, ante la
incapacidad del Estado frente a la violencia guerrillera, Gaviria creó las Convivir,
reglamentadas por Samper en 1994, para prestar servicios privados de vigilancia armada en el sector rural, actos administrativos que tuvieron control de constitucionalidad, pero los
Gobiernos fueron incapaces de controlarlas. El resultado: las Autodefensas Unidas de
Colombia y el escalamiento de la violencia.
Me preocupa que, ante la falta de protección del Estado y la amenaza contra los bienes, la
libertad y la vida de los ganaderos, si no se someten a la extorsión de grupos criminales con control territorial, el miedo y la necesidad de protección vuelvan al sector rural o resucite la idea de unirse y armarse.
FEDEGÁN se anticipa a la amenaza con la vinculación del general (r) de la Policía
Nacional, Fernando Murillo, exdirector del Gaula y la DIJIN, para crear mecanismos de
alerta temprana y de articulación con la Fuerza Pública, para prevenir el secuestro, la extorsión y el abigeato, y así evitar otra vorágine de violencia rural en la que los ganaderos
vuelvan a ser las primeras víctimas.
La ganadería hace presencia en 1.105 de los 1.122 municipios, como expresión de
soberanía en el territorio y listos para colaborar con la Fuerza Pública. Por ello, que no nos
dejen otra vez solos frente a la delincuencia es nuestro clamor al Gobierno y al país; que
aprendamos de la historia… y no la repitamos.
Por: José Félix Lafaurie – @jflafaurie
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