Por: Sergio Martínez Medina – Comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC (2019-Agosto 2022)- Alto Consejero Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2016-2019).
Los colombianos recibimos en días pasados, la noticia que se había alcanzado una solución conjunta entre las empresas, el gobierno y el regulador (CREG) para disminuir el crecimiento de las tarifas de energía eléctrica en el país. En este contexto, es clave que los actores institucionales que formaron parte de este consenso exploren soluciones que incluyan una visión de largo plazo que integre de forma definitiva el cambio tecnológico en la prestación del servicio de energía eléctrica en el país, y así aliviar el bolsillo de los colombianos que ha sido castigado fuertemente en los últimos meses.
Para lograr este propósito, el Gobierno Nacional tiene todos los elementos para liderar en nuestro país una renovación de los servicios públicos domiciliarios, mediante el uso intensivo de los medios digitales. Esto se refleja, por ejemplo, en la incorporación de la medición inteligente del consumo de los servicios de energía, acueducto o gas natural a través del Internet de las Cosas. También, sería innovador para estos sectores avanzar con la aplicación de tecnologías emergentes en las cadenas de valor, como es el caso de la inteligencia artificial para la gestión operativa o el uso intensivo de la analítica de datos para la predicción del consumo, entre otros.
La incorporación de una “medición inteligente” permitirá gestionar de manera eficiente las “perdidas”, que es un componente importante en la estructura tarifaria, y que se traslada a los usuarios. Mediante sensores digitales, los colombianos podrán controlar el consumo del servicio de energía en sus hogares y esto va a mejorar la eficiencia medioambiental del servicio, y así contribuir de forma decidida con el propósito del Gobierno Nacional de luchar contra el cambio climático.
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Los instrumentos digitales en el servicio de energía permitirían avanzar, por fin, en la elección libre del comercializador eléctrico, lo que inmediatamente se traducirá en mayor competencia y por ende menores tarifas para los colombianos. En Colombia, a diferencia de lo que sucede en varios países desarrollados, los consumidores residenciales no eligen libremente su proveedor de energía, como ocurre, por ejemplo, con los operadores de comunicaciones. Hoy no es factible cambiar de proveedor eléctrico si el usuario decide hacerlo. Con los avances tecnológicos se facilitaría la libre elección del operador eléctrico por parte de los hogares colombianos; pero para lograrlo se requiere contar con una regulación activa que incorpore el uso de los insumos digitales en la cadena de valor de este servicio.
Con la analítica de datos, la regulación puede contar con una mayor calidad en la revisión de la información que se recibe de las empresas y profundizar en la transparencia y simplicidad que requieren los procesos tarifarios, que al ser complejos generalmente no son fácilmente comprensibles para la mayoría de la población. Adicionalmente, con unas bases de datos robustas se contará con mayores elementos para el cálculo de las tarifas y se evitarán distorsiones que afecten a los usuarios finales.
Para transformar los servicios públicos domiciliarios se requiere construir una agenda transversal que lideren los Ministerios de Comunicaciones y de Minas, con planes, proyectos y metas que garanticen que en los próximos años se incorporarán las tecnologías emergentes en estos servicios. Probablemente, será necesario revisar la posibilidad de asignar espectro radioeléctrico a las empresas de energía, evaluar la regulación de compartición de redes y trazar unas políticas públicas que atiendan esta nueva realidad sectorial, con énfasis en generar la eficiencia que de forma concreta se pueda traducir en mejores tarifas para los colombianos.
No es el momento de volver al pasado y regular el servicio de energía eléctrica con criterios políticos, esto solamente hará que se deteriore su calidad y que los colombianos volvamos a tener que enfrentar eventuales apagones del sistema eléctrico nacional. Por el contrario, tenemos de nuevo una oportunidad de transformar los servicios públicos de energía, gas o acueducto con la tecnología y para lograrlo se requiere emprender de forma efectiva la innovación en estos sectores y construir una visión de largo plazo, que de verdad apunte a lograr la “justicia tarifaria” que se merecen los colombianos.
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