La diligencia sobre el canal Caracol tuvo como objetivo verificar las condiciones laborales y evaluar la situación interna frente a las denuncias por presunto acoso sexual que involucran a dos reconocidos presentadores del informativo.
Las actuaciones de la cartera laboral se originan en los señalamientos contra Jorge Alfredo Vargas, conductor de la emisión nocturna de Noticias Caracol, y Ricardo Orrego, periodista deportivo del mismo medio. Ambos fueron desvinculados de sus cargos después de que se hicieran públicas las acusaciones en su contra, lo que encendió las alertas dentro de la organización y en la opinión pública.
Mediante el Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026, el Ministerio estableció una serie de requerimientos tras advertir la existencia de “riesgos actuales de afectación a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras”.
Caso Caracol Televisión: Gobierno exige acciones por presunto acoso sexual en el canal
Según el documento, las medidas buscan prevenir nuevas vulneraciones en el entorno laboral y asegurar condiciones de trabajo dignas y equitativas, especialmente en contextos donde podrían presentarse situaciones de abuso de poder.
Durante la inspección, se evidenció que Caracol Televisión cuenta con mecanismos formales para la recepción de quejas relacionadas con acoso sexual. No obstante, la autoridad laboral concluyó que estos canales resultan insuficientes para garantizar una denuncia efectiva.
En particular, señaló que persisten obstáculos estructurales como el temor a represalias, las relaciones jerárquicas desiguales y la desconfianza en los procesos institucionales, factores que podrían limitar la activación de las rutas de atención.
El informe también recoge testimonios obtenidos durante la visita, los cuales indicarían que las conductas denunciadas no serían episodios aislados.
Por el contrario, se trataría de situaciones recurrentes que, según se estableció, eran conocidas entre algunas trabajadoras del canal. A pesar de este reconocimiento informal, no siempre se activaron los mecanismos de denuncia de manera oportuna, lo que habría derivado en un fenómeno de subregistro y silenciamiento.
Frente a este panorama, el Ministerio del Trabajo solicitó a la empresa adoptar medidas concretas orientadas a la protección de las denunciantes, posibles víctimas y testigos. Asimismo, ordenó implementar acciones de reparación integral para las personas afectadas, con el fin de restablecer sus derechos y evitar nuevas situaciones de riesgo.
Entre las disposiciones, también se incluyó la obligación de adelantar una investigación interna que permita esclarecer cómo se filtró o difundió la información relacionada con las denuncias. Este proceso deberá identificar eventuales fallas en los protocolos de confidencialidad, así como las áreas o personas involucradas en la divulgación indebida y los riesgos que esto pudo generar.
Con estas decisiones, el Ministerio busca fortalecer las garantías laborales y promover entornos seguros dentro de los medios de comunicación, en un contexto en el que las denuncias por acoso laboral y sexual han cobrado mayor visibilidad en el país.
Lea también: Millonaria multa a Rappi: esto encontró la SIC