En la noche del viernes 15 de diciembre, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, Cerrejón, ubicada en el kilómetro 122 del municipio de Uribia, fue blanco de un atentado con explosivos contra su infraestructura ferroviaria. Aunque la empresa reporta daños en la línea férrea y en un vagón, afortunadamente no hubo víctimas ni heridos.
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Cerrejón, que representa una parte importante de la operación carbonera de Colombia y una de las firmas con mayor facturación en el país, está colaborando con las autoridades para investigar el incidente y tomar medidas para identificar a los responsables. La empresa expresó su rechazo a estos actos violentos que ponen en riesgo la seguridad del personal, las comunidades circundantes y el funcionamiento normal de sus operaciones.
“Rechazamos este tipo de actos violentos que ponen en riesgo la seguridad de nuestro equipo de trabajo, de las comunidades vecinas y el normal funcionamiento de nuestra operación. Estamos trabajando para habilitar el transporte hacia Puerto Bolívar, lo más pronto posible”, informó la compañía a través de un comunicado.
Atentados contra la mina del Cerrejón
No es la primera vez que Cerrejón enfrenta este tipo de atentados. En 2013, un ataque del Frente 59 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) causó el descarrilamiento de 43 vagones cargados de carbón. Además, la compañía ha sufrido más de cinco atentados en el pasado.
A la serie de bloqueos que ha experimentado Cerrejón durante el presente año, principalmente impulsados por comunidades indígenas, se suma ahora este nuevo episodio de violencia. La empresa ha denunciado 217 bloqueos en lo que va del año, lo que ha afectado significativamente sus operaciones.
El Cerrejón, propiedad de la multinacional suiza Glencore, es un importante contribuyente de impuestos y regalías para el país. A pesar de las adversidades, la empresa informó que durante 2022 produjo 19,7 millones de toneladas de carbón, pagando 3,7 billones de pesos entre impuestos y regalías.
Estos atentados y bloqueos no solo afectan la operación del Cerrejón, sino que también interrumpen el funcionamiento del Tren del Agua, un servicio vital que suministra agua potable a 163 comunidades en el área de influencia de la compañía, beneficiando a más de 2.350 familias guajiras. Asimismo, se pone en riesgo la estabilidad laboral de los más de 12,000 trabajadores de la empresa, incluyendo empleados directos y contratistas, y amenaza los ingresos fiscales del país y de la región de la Guajira. La situación plantea un desafío integral que requiere respuestas coordinadas por parte de las autoridades y la empresa para garantizar la seguridad, la estabilidad operativa y el bienestar de las comunidades afectadas.
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