El debate sobre el ajuste del salario mínimo para el próximo año ya empezó a tomar forma. Durante la rueda de prensa del Banco de la República, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el incremento tendrá como base el dato de inflación, aunque subrayó que la intención del Ejecutivo es mantener la línea de los últimos tres años: garantizar un aumento real, es decir, superior al costo de vida.
“El Gobierno va a procurar acuerdos entre empresarios y sindicatos. La decisión final será del presidente, pero la política seguirá siendo la misma: un incremento por encima de la inflación”, afirmó Ávila, al referirse a un ajuste que, tomando como referencia la inflación de agosto (5,1%), tendría como piso ese porcentaje.
Panorama general: Las declaraciones del ministro coincidieron con un duro pronunciamiento de Fenalco. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, aseguró que en la práctica ya se estaría definiendo el aumento por decreto, y que este podría llegar al 11%.
“Ese porcentaje duplica la inflación y no es sostenible. La mesa de concertación pierde sentido si ya se anuncia una decisión anticipada. Estamos frente a una medida populista que pondría en riesgo a miles de micro, pequeñas y medianas empresas”, señaló el líder gremial.
Cabal también recordó que los empleadores enfrentarán desde 2026 nuevos costos derivados de la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, además de las cargas que traería la reforma laboral. Según él, una suma de factores podría provocar cierres de negocios, mayor informalidad y pérdida de empleos formales.
Ajuste del salario mínimo 2026 en Colombia genera choque con empresarios
Por qué es importante: Como cada año, el ajuste al salario mínimo se discutirá en la mesa tripartita de concertación en diciembre. Si no hay consenso entre empresarios, sindicatos y Gobierno, la decisión quedará en manos del presidente.
El dilema no es menor: mientras el Ejecutivo busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores en un escenario económico marcado por la inflación, los empresarios piden un cálculo más prudente para no comprometer la viabilidad de miles de compañías.
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