El Hecho: El Congreso aprobó de manera definitiva el proyecto de ley del Nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero liderado por la DIAN.
¿Por qué es importante?: Evita un vacío jurídico absoluto que habría dejado al Estado sin facultades legales para combatir el contrabando y controlar las fronteras.
¿Cuál es el contexto?: Responde a dos exhortos de la Corte Constitucional y conjura la fecha límite del 20 de junio, tras la cual la autoridad aduanera habría perdido competencia legal.
¿A quiénes afecta y cómo?: Beneficia al Estado al salvar 11.180 procesos fiscales y a los comerciantes al reducir el catálogo de infracciones de 357 a 235, castigando con proporcionalidad.
El dato que no se puede perder: La ley actúa como un blindaje definitivo que protege una cuantía estimada en $3.2 billones de pesos en expedientes aduaneros en curso.
En una decisión calificada como un hito legislativo para la estabilidad económica y la seguridad jurídica del país, las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República aprobaron de manera definitiva el proyecto de ley del Nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero. La iniciativa, liderada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dota a Colombia de un marco normativo moderno, técnico y transparente, respondiendo de manera oportuna a dos exigentes exhortos emitidos por la Corte Constitucional en los últimos cuatro años.
Panorama general: Con este contundente respaldo del legislativo, el país conjura a contrarreloj un escenario crítico: la amenaza de un vacío jurídico absoluto en materia aduanera que habría entrado en vigencia tras el límite del próximo 20 de junio impuesto por el alto tribunal. De no haberse aprobado el articulado, la autoridad aduanera se habría quedado sin las facultades legales necesarias para ejercer el control efectivo de las fronteras, combatir el contrabando y perseguir las conductas delictivas que desestabilizan el comercio formal.
El impacto fiscal y operativo de esta aprobación es de dimensiones billonarias. De acuerdo con los balances oficiales de la DIAN, la culminación exitosa de este trámite en el Congreso actúa como un blindaje jurídico definitivo para garantizar la continuidad de 11.180 procesos fiscales aduaneros y 1.840 procesos oficiales. En conjunto, estos expedientes en curso representan una cuantía estimada en $3.2 billones de pesos que habrían tenido que archivarse de inmediato ante una inacción legislativa, provocando una pérdida irreparable para las finanzas del Estado.
La DIAN salva millonarios procesos tras aprobación del Nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero
La viabilidad de las arcas públic
e encontraba bajo un riesgo fiscal severo. Fuentes de la entidad confirmaron que la entrada en vigencia del nuevo marco legal impide que queden sin posibilidad de cobro un total de $190.000 millones de pesos correspondientes a liquidaciones oficiales ya constituidas.
Asimismo, el articulado evita la estrepitosa caída de $800.000 millones de pesos en sanciones fiscales pendientes y frena la obligación estatal de devolver $211.000 millones de pesos en mercancías que ya habían sido legítimamente aprehendidas en operativos anticontrabando.
Impacto fiscal de la normativa (Recursos públicos blindados):
Sanciones aduaneras salvadas de caer: $800.000 millones
Mercancías aprehendidas protegidas (evita devolución): $211.000 millones
Liquidaciones oficiales aduaneras con cobro garantizado: $190.000 millones
Total de recursos protegidos por la ley: $1.201 billones de pesos
Por qué es importante: El corazón de la reforma aprobada radica en la simplificación integral del sistema aduanero. El director general de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano, reveló que el catálogo sancionatorio experimentó una depuración profunda, reduciendo el número de sanciones aplicables de 357 a solo 235. Esta poda reglamentaria busca dotar al régimen de un principio elemental de equidad: la proporcionalidad en el castigo.
«Las multas ahora son muy proporcionales y ponen un énfasis muy importante en diferenciar un simple error formal, un equívoco de procedimiento o digitación menor, de una conducta que es gravemente dolosa o que evidencia una intención clara de defraudar al Estado», explicó Betancourt Galeano ante las plenarias.
Para lograr la estructuración técnica de los 114 artículos que componen la ley, la DIAN y el Congreso coordinaron un intenso despliegue metodológico a través de 39 mesas técnicas de trabajo. Este esfuerzo conjunto permitió unificar criterios entre el Gobierno, las bancadas oficialistas y los sectores de la oposición, alcanzando consensos robustos en una materia tradicionalmente compleja.
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