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¿Obligar a la gente a bajarse del carro? El dilema de Bogotá

Foto: Getty Images.
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Son varias las administraciones de Bogotá que han apuntado a desincentivar el uso del vehículo particular de una manera agresiva, tanto desde el mandato de Peñalosa como en el actual de Claudia López. Luego de conocerse las principales medidas que se tomarían con el POT, se pone en mayor riesgo la poca movilidad que tiene la ciudad. 


Por: Redacción 360 Radio

El tráfico de una ciudad, tanto en el continente americano como en Europa y en Asia será un tema constante de análisis, de revisión permanente, por parte de las autoridades y, desde luego, con sucesos como el de la pandemia del Covid-19 se han replanteado muchas cosas en el orden que se venía trabajando en materia de transporte público, por ejemplo. 

Colombia, que es un país que tiene distintos retrasos en materia de infraestructura y cultura vial, de competitividad, productividad y transporte público, ha divagado en los últimos treinta años a la hora de construir agendas públicas para este tema, que sean de largo aliento, de largo plazo y sobre todo soportadas en estudios, en modelos de éxito, en la realidad del terreno y en la cotidianidad social que poseen las ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, y empezar a entender y conocer cuáles son las mejores soluciones viales para cada territorio.

Sin embargo, las agendas de infraestructura vial y movilidad han obedecido netamente a intereses políticos, ideologías y los planes de cada gobernante. Lo cual ha llevado a que, tanto en esta materia como en otras, los políticos crean ingenuamente que las ciudades tienen un botón de «Start – Stop» o «Start – Off» para que se puedan apagar y reiniciar cada cuatro años. Por lo menos, el país debería garantizar un consenso de trabajo, que sea transversal y ajeno a las corrientes políticas, pues este está ligado netamente al bienestar y progreso de las ciudades. 

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No hay que ir lejos para revisar procesos exitosos. En Ecuador, desde antes del gobierno de Rafael Correa, se venía trabajando intensamente en una agenda de infraestructura vial ambiciosa y que fue exitosa. Ha sucedido también en Panamá y hoy sucede en Estados Unidos, en este último país no importa si un alcalde, el gobernador o el presidente es demócrata o republicano, se entiende que en los frentes de seguridad, infraestructura, movilidad y seguridad hay unos lineamientos muy claros y unos acuerdos tácitos establecidos en donde todos están halando para el mismo lado. No es discusión el transporte público, ni el construir más vías y hacerle mantenimiento a las que ya existen o ampliar la infraestructura para los peatones, porque los estadounidenses comprenden como idea superior que ninguna política tiene que ir en detrimento de otra en estos campos, porque ya se iniciaría una discusión sobre las libertades individuales por más etéreo que pueda parecer. 

Tanto en el caso de la alcaldesa López como del exalcalde Peñalosa, ha sucedido que se ha construido una narrativa en donde se menciona que las vías de una ciudad son para que los ricos anden en sus vehículos particulares, lo cual fuera de ser una gran mentira – que no contribuye a un debate sano y responsable – contribuye a un resentimiento social y afecta en realidad a todas las personas que se mueven por las vías, que no son ricos ni van en particulares; por las vías se mueven desde ambulancias, transporte de alimentos o de insumos médicos, gasolina, hasta personas discapacitas, adultos mayores y estudiantes, por ende hay que tener vías no solamente en buen estado y sin huecos, sino también con señalización, iluminación y un constante mantenimiento. 

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En Medellín y Cali ha sucedido también un tema parecido, pero en Barranquilla sucede todo lo contrario. Allí han creído en una agenda de largo plazo, en la que la infraestructura habla por sí sola, contrario a Medellín, en donde por ejemplo no se construye una verdades solución vial desde que Aníbal Gaviria dejó la Alcaldía, obras que hoy todavía se continúan inaugurando en la ciudad. Alonso Salazar hizo el Puente de la 4Sur que quedó incompleto, pero lo hizo. Gaviria hizo desde el Puente de la Madre Laura hasta el soterrado de Parques del Río, inició el Metrocable de Picacho, entregó el tranvía de Ayacucho y el paquete de valorización en el Poblado, obras que entregó Federico Gutiérrez. 

En el tema de Bogotá, ahora con el POT se descubre que quieren reducir el número de carriles de la Autopista Norte reduciéndolo de 10 a 4 carriles. Ya se han comprobado los estragos de la pésima intervención de la Carrera Séptima al inventar una intervención con una ciclorruta que, primero, es insegura; segundo, que es perjudicial para la movilidad de uno de los corredores viales más importantes de la ciudad; tercero, que demuestra que las soluciones que se toman en esta materia son sacadas del sombrero y no responden a estudios y a las necesidades de toda la ciudadanía; porque si se quiere construir una ciclorruta en la Séptima aún teniendo la de la Carrera 11 se puede hacer una buena obra, por ejemplo, en un andén, sin perjudicar el espacio de los peatones.

Además, en los reclamos constantes por parte de la ciudadanía en Bogotá (recordemos que el empresario Mario Hernández le reclamó a la administración actual por los huecos en las vías principales y ella le respondió que no los tapaban porque con esos recursos estaban calmando el hambre), ha sucedido irónica y lastimosamente que ciclistas y motociclistas han perdido su vida por culpa de los huecos, no iban en carros lujosos precisamente. 

De manera que la reflexión que el Concejo de Bogotá y que en general las ciudades principales del país deberían hacer es preguntarse por qué el tomar una decisión sobre un medio de transporte tiene que perjudicar a otro, por qué obligar a las personas a que tomen un bus, a que caminen, a que se movilicen en bicicleta… Vimos en la pandemia el gran caos que fue, que miles de personas se movilizaran ante las restricciones que existían en materia de transporte, el sistema de transporte público también tiene sus limitaciones, colapsa, es blanco de la violencia y la criminalidad. 

Se le debe dar la libertad a las personas de optar por el medio de transporte que más les convenga  y para ello, quienes circulan en las vías pagan impuesto de rodamiento, solamente los vehículos claramente porque las motos no lo pagan, además de esto pagan IVA y aportan tanto que el porcentaje de todas esas cargas impositivas tendrían que ir al mantenimiento  de una malla vial en las diferentes localidades de Bogotá y en las diferentes ciudades del país. 

Que no sea más una discusión el complicar cómo se moviliza la gente, todas las ciudades sin temor a equivocarse deben invertir en cables, tranvías, ciclorrutas verdaderas, mallas viales en buen estado… Hay que avanzar en todos los frentes sin dilación alguna. 

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