Héctor Alarcón, presidente de la Sala de Instrucción de Corte Suprema, abrió el 15 de mayo una investigación preliminar contra Álvaro Uribe, con la intención de vincular al expresidente al proceso del mal afamado hacker Sepúlveda. Se basa en un correo electrónico anónimo enviado a él y a la magistrada Lombana el 16 de diciembre.
Por: Rafael Nieto Loaiza
Hay muchas razones para cuestionar esa decisión de Alarcón. La cuenta de correo teo7954@gmail.com, desde la que se envió el mensaje, no tiene responsable ni datos para identificar al remitente. Es un anónimo. Y los anónimos no son medio de prueba. Así lo dice, entre otras normas, el artículo 430 del CPP: «Los documentos, cuya autenticación o identificación no sea posible establecer […] se considerarán anónimos y no podrán admitirse como medio probatorio”.
LEER TAMBIÉN: Corte Suprema abrió indagación al expresidente Uribe por ‘ñeñepolítica’
La Suprema, frente a la avalancha de críticas por la decisión de Alarcón, publicó un trino donde sostiene que «copias de correos electrónicos pueden aceptarse como pruebas, si no fueron tachadas de falsas y permiten su mínima individualización, al señalar de dónde provienen, a quién o quiénes van dirigidos y cuentan con fecha de emisión”. El trino confunde más: una cosa es un correo con identificación de remitente y otra un anónimo. El de la excusa para investigar a Uribe no tiene individualización y la cuenta fue abierta solo para enviar ese mensaje y cerrada inmediatamente después. Alarcón, como mínimo, antes de vincular a Uribe debería haber corroborado si había alguna prueba detrás del anónimo. No lo hizo.
Además, Lombana ya había iniciado una investigación sobre el caso. En los discos duros, materiales y declaraciones recogidas en ese proceso no hay absolutamente nada que indique ni siquiera de manera remota que Uribe fuese el destinatario de las supuestas chuzadas o de los perfilamientos hechos con fuentes abiertas. No sobra señalar que tampoco hay ninguna referencia a que lo haya sido nadie del Centro Democrático. Lo que despierta suspicacia es que Alarcón abra indagación preliminar sobre el mismo anónimo y por los mismos hechos. No solo es un desperdicio de recursos de personal, tiempo y dinero, sino que viola el debido proceso. En el mejor de los casos, cuando sin conocimiento se abren dos causas por los mismos hechos, corresponde acumular los procesos en cabeza de aquel que va más adelantado que, en esta situación, es el de Lombana. Pero no es este el caso, porque cuando Alarcón abre indagación preliminar sabía perfectamente que ya se estaba investigando. Peor, en una decisión que despierta aún más recelo y suspicacia, Alarcón ordena “practicar diligencia de inspección” al proceso de Lombana. Se le mete al rancho a su colega, ni más ni menos.
Además, en una entrevista con Uribe, un periodista afirmó que desde la Corte le informaban que «en los próximos días le van a quitar el caso a Lombana y quedará solamente en Alarcón». Quieren retirarle el expediente a la Magistrada. Y no, no es por amiga de Uribe. No lo es. De hecho, el expresidente la recusó en este caso.
Súmense estas dos investigaciones paralelas con base en un anónimo a la investigación que le abrieran a Uribe por las interceptaciones al Ñeñe. En ellas, como he explicado con detalle y pruebas en otras ocasiones, no se habla de compra de votos, pero eso fue lo que le quedó a la opinión pública. Como sea, el expresidente no interviene en ninguna de las conversaciones. En alguna de ellas mencionan su nombre. Pues bien, con base solo en esa mención, la Suprema también le abrió investigación a Uribe.
Y antes, recordemos, había cerrado un caso de manipulación de testigos por parte de Iván Cepeda que había denunciado Uribe y, en cambio, le abrió al expresidente uno en el que, para rematar, le hicieron una interceptación ilegal a Uribe por un mes, metiendo su teléfono en una investigación contra un parlamentario del Chocó en la que Uribe no pintaba para nada. Aunque a los pocos días de iniciadas la chuzada el investigador del caso avisó a la Corte que el número interceptado no era el del Congresista sino el de Uribe, la Suprema continuó grabándolo ilícitamente por al menos tres semanas más.
Y así, mientras que en la Suprema a Uribe le abren investigaciones paralelas con base en anónimos o porque terceros lo mencionan de pasada en una conversación o lo chuzan ilegalmente, entre otras muchas violaciones al debido proceso que no caben en esta columna, esa misma Corte no hace nada con Santos, sobre el que hay múltiples pruebas testimoniales, documentales y grabaciones de que está involucrado en la financiación ilegal de su campaña y también en la entrega de contratos a esa multinacional como pago por los favores recibidos. Y tampoco mueve un dedo para investigar a Petro por la corrupción durante su gestión como alcalde o por el video de las bolsas.
En fin, las salas penales de la Suprema deberían ser ejemplo de majestad y transparencia, de actuar conforme a la Constitución y la ley, de proteger el debido proceso. Y no lo son. Manchadas por el cartel de la Toga, con magistrados mediocres (con alguna excepción), politizadas al extremo, en lugar de dar garantías de imparcialidad, probidad y justicia, tiene una obsesión enfermiza con el expresidente y el uribismo, como antes sus colegas del Cartel la tuvieron también.