La situación jurídica del expresidente Evo Morales (2006-2019) ha dado un giro definitivo este lunes. El juez Carlos Oblitas ha declarado al exmandatario en rebeldía tras su inasistencia al tribunal de justicia de Tarija, donde debía enfrentar el inicio del juicio oral por presunta trata de personas y estupro. La resolución judicial incluye una orden de aprehensión inmediata y el arraigo del dirigente cocalero, según confirmó a los medios Grover Mita, vocal del Tribunal Supremo de Justicia.
El proceso investiga la supuesta relación de Morales con una menor de 15 años durante su etapa en la presidencia, fruto de la cual la joven habría quedado embarazada. El caso, que ha sacudido la política boliviana, sitúa al expresidente en una posición de vulnerabilidad legal mientras permanece refugiado en su bastión sindical y político del Chapare.
Panorama general: La ausencia de Morales no fue una sorpresa. Su equipo jurídico, encabezado por el abogado Wilfredo Chávez, ya había adelantado que su cliente no se presentaría, calificando el proceso como una «persecución política» viciada de irregularidades procesales. Chávez denunció la semana pasada que la notificación no se realizó de manera personal: «No correspondía una notificación por edicto; para abrir un juicio se debe informar personalmente al acusado», sostuvo el jurista.
Sin embargo, estos argumentos fueron desestimados por el vocal Grover Mita, quien aclaró que el Código de Procedimiento Penal avala la validez de las notificaciones tanto presenciales como digitales. «El tribunal ha cumplido con los mecanismos legales para señalar día y hora», subrayó Mita, ratificando la legalidad del mandamiento de captura.
Caso Evo Morales: ¿Por qué el Tribunal de Justicia ratificó la orden de aprehensión?
La Fiscalía asegura contar con un robusto cuerpo de evidencia que incluye más de 170 pruebas. La génesis del caso se remonta a 2020, bajo el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, cuando se filtraron fotografías y mensajes que vinculaban a Morales con una adolescente 40 años menor que él.
La tesis del Ministerio Público sugiere una trama de complicidad familiar: los padres de la menor habrían consentido y fomentado la relación con el entonces presidente a cambio de beneficios económicos y ascensos políticos. Actualmente, la madre de la presunta víctima se encuentra prófuga y se cree que reside en Argentina. Cabe recordar que el caso fue archivado poco después de que Luis Arce asumiera la presidencia en 2020, para ser reabierto en 2024 en el marco de la fractura total del oficialismo.
Por qué es importante: Desde que la presión judicial aumentó en 2024, Morales se ha atrincherado en la región tropical del Chapare, en Cochabamba. Allí, el expresidente cuenta con un anillo de seguridad formado por cientos de campesinos y cocaleros que custodian los accesos con lanzas improvisadas y escudos artesanales, impidiendo cualquier intento de incursión policial.
Este nuevo capítulo judicial coincide con un clima de máxima fricción social. Morales ha convocado para mañana una marcha masiva hacia La Paz para protestar contra la gestión económica del actual presidente, Rodrigo Paz, denunciando una inflación que proyecta superar el 20%.
Por su parte, el Ejecutivo ha acusado a Morales de intentar desestabilizar el país. El viceministro de Régimen Interior presentó recientemente supuestos audios donde el líder indígena ordenaba «cercar» la sede de gobierno. No obstante, la veracidad de dichas pruebas ha sido cuestionada por agencias verificadoras nacionales, que señalan que los audios corresponden a conflictos del año pasado, lo que añade otra capa de complejidad a una batalla que ya se libra tanto en los tribunales como en las carreteras de Bolivia.
