En medio de todas las declaraciones que se han dado sobre la decisión del presidente Gustavo Petro respecto al salario mínimo, y las consideraciones que no tuvo en cuenta sobre el mercado laboral y el desempeño de las empresas, es necesario recordar dos hechos del pasado que, aunque incómodos, merecen ser analizados.
Primero, la decisión de aumentar el salario mínimo en un 11 % para 2025, 2026 y 2027 tendrá consecuencias que deberán ser asumidas por los gobiernos de turno en ese futuro. Este tipo de medidas populistas e irresponsables generan precedentes complejos.
En el año 2021, durante el gobierno de Iván Duque, el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, intentó sacar adelante una reforma tributaria que resultó ser un rotundo fracaso. Esta decisión provocó su renuncia y fue uno de los catalizadores del paro nacional, conocido como estallido social, un fenómeno que combinó factores políticos, sociales y hasta de células ilegales, paralizando al país y generando caos en múltiples frentes, incluyendo el económico. El gobierno erró en el «timing», la forma y la ejecución.
Tras el fracaso de la reforma, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, acudió al Palacio de Nariño en nombre de los empresarios, pero sin representar a la mayoría de las empresas del país, ya que la ANDI agrupa principalmente a grandes corporaciones. De manera irresponsable, ofreció que las empresas asumieran la carga tributaria. Este gesto fue ampliamente difundido por medios afines, pero en realidad implicó que el gobierno volviera a gravar de manera desproporcionada al sector empresarial, consolidando a Colombia como una de las economías con mayores tasas corporativas, no solo en la OCDE sino en el mundo.
Luego, el presidente Duque, en un acto también populista, decidió aumentar el salario mínimo un 10 %, acelerando el proceso inflacionario que ya estaba en curso. Esta decisión, tomada sin un análisis profundo, generó un impacto negativo en la economía, cuyas consecuencias aún persisten. La inflación en Colombia sigue siendo una de las más altas de la región.
En este contexto, es evidente que estas dos malas decisiones siguen afectando a la economía colombiana y dejan en una posición incómoda a quienes critican las medidas actuales del presidente Petro, pues tampoco supieron actuar de manera diferente en el pasado.
Es momento de reflexionar: todas las decisiones económicas deben ser responsables, honestas, sensatas y, si es necesario, impopulares. No podemos seguir alimentando el «pan y circo» en un país como Colombia, tomando decisiones negativas y perjudiciales que comprometan la salud económica de la nación.
La única salida es que el Estado reduzca sus gastos de funcionamiento y que se alivien los impuestos a las empresas para generar un entorno más competitivo y sostenible. Colombia debe enfocarse en crecer en productividad y competitividad, y en convertirse en un país amigable con la inversión. No se puede continuar «clavando» tributariamente a los mismos de siempre, mientras los que están en el poder viven como patriarcas y los líderes gremialistas se dedican a proteger sus pequeños feudos, en lugar de trabajar por el desarrollo integral de la nación.
