Por: Mauricio Toro
En junio de 2020, el Congreso finalmente aprobó la Ley de Pago a Plazos Justos, que busca poner fin a la nociva práctica comercial de pagar facturas a plazos exageradamente extensos de más de 180 días, fenómeno que técnicamente se denomina “apalancamiento en proveedores”. Una ley que propusimos en 2018, y que después de un largo y difícil proceso de discusión en el Congreso, finalmente se aprobó en un tiempo que resulta muy afortunado para ayudar a las mipymes, en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia.
Un país como Colombia, donde las mipymes representan más del 96 % de las empresas del país, aportando aproximadamente el 40 % del PIB nacional, y generando 8 de cada 10 empleos (DANE, 2017 y Confecámaras 2017), requiere medidas especiales para cuidar, promover y apoyar a esta franja de empresas, ya que los fenómenos que les afectan tienen impacto directo en la economía del país.
Sin embargo, la tasa de quiebra de las mipymes es enorme: de acuerdo con Confecámaras, 7 de cada 10 empresas quiebran durante los primeros 5 años de actividad, periodo conocido como “el valle de la muerte”. El 48 % de estos cierres están relacionados con motivos financieros, entre los cuales tiene especial preocupación la falta de liquidez, que a su vez en muchos casos se origina en los plazos extensos para el pago de sus facturas.
Todas estas cifras son anteriores a la pandemia de COVID-19, por lo cual, aunque no tenemos mediciones en este momento, desafortunadamente debemos asumir que todas estas cifras han empeorado, y en general, la situación de las mipymes en el país se ha puesto en estado crítico con las cuarentenas y restricciones que fue necesario imponer para contener el virus.
Ahora que estamos empezando a vivir en la “nueva normalidad”, se ha pedido al Gobierno que adopte medidas extraordinarias para apoyar a las mipymes. Aunque el Gobierno ha implementado varios mecanismos de líneas de crédito, y de apoyo al pago de salarios; muchas mipymes han manifestado que, a pesar de los anuncios, las ayudas no han sido efectivamente concedidas a las empresas por parte de los bancos y, por lo tanto, estos mecanismos no han sido eficientes ni tangibles en muchos casos.
Afortunadamente, y sin haberlo previsto para esta situación de pandemia, el Congreso decidió aprobar la Ley de Pago a Plazos Justos, que empezará a regir el 1 de enero de 2021, y en una afortunada coincidencia, se convertirá en uno de los mecanismos más efectivos y eficientes para otorgar liquidez y capital de trabajo a los miles de mipymes que han podido sobrevivir a este difícil 2020.
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Con la entrada en vigencia de la Ley de Pago a Plazos Justos, las facturas se deberán pagar en máximo 60 días durante el 2021, y desde el 2022 en máximo 45 días. De esta manera, las mipymes ya no tendrán la necesidad de endeudarse ante los bancos para mantener su funcionamiento, para pagar salarios, impuestos, insumos y proveedores, mientras esperaban el pago de sus facturas. A partir de la ley 2024, las mipymes recibirán oportunamente el pago de sus facturas, y así tendrán liquidez y flujos de caja adecuados para seguir operando.
Es un mecanismo de alta eficiencia, pues no impone una carga adicional o extraordinaria a ninguna de las partes ni al Estado. Para las empresas pagadoras, simplemente se están acortando los plazos de pago, pero son obligaciones que son exigibles dado que ya han recibido los bienes o servicios para el momento en que se hace exigible el pago de la factura.
Entre tantas noticias difíciles, debemos decirle a las mipymes y a los emprendimientos, que, en una afortunada coincidencia, la Ley de Pago a Plazos Justos empezará a regir en el momento más necesario y adecuado, para darle un impulso inmediato y concreto a tantas mipymes que han sufrido la inclemencia de la pandemia, pero que ahora tendrán una liquidez justa y coherente, para que puedan seguir sosteniendo los empleos y actividades comerciales que mantendrán a flote la economía nacional. ¡Juntos vamos a salir de esta!