“Para alcanzar la paz con legalidad, hay que hacer reformas a regulación del sistema de justicia”, Margarita Cabello

La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, es una abogada barranquillera que estuvo cerca de 30 años en la rama judicial como juez y magistrada en asuntos de derecho civil y de familia. Ha sido procuradora delegada y presidente de la Corte Suprema de Justicia entre marzo de 2016 y enero de 2017.

Este contenido hace parte de 360 Revista en su cuarta edición, la cual se distribuyó en las principales ciudades del país.


Revista 360: ¿Cuál es el balance que realiza de su gestión al frente del Ministerio? Usted recibió una certera que era liderada por Gloria María Borrero en este mismo Gobierno.

Margarita Cabello: Mi  compromiso es continuar trabajando para lograr un acceso efectivo a la justicia para las víctimas del conflicto; que la población cuente con un entorno propicio para evitar el consumo de drogas; y que el sistema penal y penitenciario se ocupe realmente de la resocialización de los privados de libertad, y de esta manera evitar la reincidencia criminal; así como   buscar alternativas de solución al hacinamiento carcelario que vive el país.

Al comienzo de esta nueva legislatura (20 de julio de 2019), radique proyectos como:

Reforma a los consultorios jurídicos para fortalecer la formación de los abogados en la etapa de aprendizaje práctico, a través de la ampliación de los servicios ofertados por los consultorios, que comprendan asesoría, representación judicial y conciliación extrajudicial e incorporando la pedagogía y el litigio estratégico; asimismo, mejorar los estándares de acceso a la administración de justicia de la población vulnerable, no solo en condición de pobreza, a fin de que puedan contar con la asistencia y representación de personas con la formación jurídica necesaria para atender sus requerimientos más urgentes.

Reforma al Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo con el objetivo de fortalecer las primeras instancias, la función unificadora del Consejo de Estado (para fortalecer sus funciones) y agilizar los procesos. Contiene medidas que tienden a redistribuir competencias, para que el mayor número de asuntos de primera y única instancia sea conocido y fallado por los despachos judiciales (juzgados y tribunales) que están más cerca al ciudadano.

Reforma al Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 del 2012), con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos de a pie a este mecanismo alternativo de solución de conflictos a través de la regulación del arbitraje social gratuito. También para dar celeridad a la etapa prearbitral, proveer de claridad a las reglas probatorias, brindar transparencia en la designación de árbitros, impulsar al arbitraje internacional y garantizar el acceso de este mecanismo a las mayorías, Pero también facilitar el acceso mayoritario de los ciudadanos al mecanismo y, de esa forma, ampliar su cobertura territorial y poblacional.

El trabajo de en mi cartera ministerial está siendo socializado con la academia, la rama judicial, las autoridades territoriales y la institucionalidad en general a través de los foros regionales ‘Justicia para el Ciudadano’. Además estamos  preparando las pertinentes reformas constitucionales y estatutarias a la justicia, las cuales oportunamente serán de conocimiento público.

360: ¿Qué diagnóstico hace de la justicia colombiana?

M.C.: En el último informe presentado por el Consejo Superior de la Judicatura al Congreso, se pone de presente que mientras la oferta de despachos judiciales ha incrementado en un 38 % desde 1993 hasta el año 2018, el crecimiento de la demanda es exponencial, pues muestra un incremento del 264 % en el mismo periodo. Estas cifras pueden explicar la congestión que afecta numerosos despachos judiciales, a pesar de los esfuerzos que realizan los jueces para gestionar los procesos y reducir sus inventarios.

La Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas llevada a cabo en 2016 evidenció que el 60 % de los encuestados con necesidades jurídicas no lograron satisfacerlas y en la ruralidad dicho porcentaje se incrementó en un 15 %. Esta situación se refleja en percepción ciudadana y en la confianza en el sistema de justicia. Según la encuestadora Gallup Poll Colombia, para julio de 2019, la opinión ciudadana respecto del sistema judicial era favorable en un 15 % y desfavorable en un 82 %.

Esta situación pone de presente la inminencia de plantear alternativas de gestión judicial que resulten más eficientes y que permitan acercar la administración de justicia a los ciudadanos. Por ello, desde el Ministerio consideramos importante favorecer la reducción de la litigiosidad mediante el acceso y uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y, al mismo tiempo, hacer un análisis concreto de las conflictividades que suceden en cada territorio, con el fin de articular esfuerzos con la Rama Judicial, la justicia alternativa y la impartida por el ejecutivo para que la oferta de justicia atienda a la realidad local.

360: Usted como jefe de la cartera de Justicia ha batallado por sacar adelante un proyecto de reforma a la justicia, y junto con el Gobierno Nacional ha buscado un consenso con las altas Cortes. ¿Cómo cree usted que se hará la reforma a la justicia?

M.C.: Para alcanzar la paz con legalidad, que es uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno, y lograr una justicia más cercana al ciudadano, es necesario hacer varias reformas a la regulación del sistema de justicia, porque no se trata solo de modificaciones de orden constitucional sino de: i) ajustes a las reglas procesales para hacer más expeditos los procesos, ii) de modificaciones a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia para mejorar el funcionamiento de la rama judicial a nivel local y rural, brindar mayor seguridad jurídica y fortalecer la escuela judicial, iii) así mismo es necesario regular los consultorios jurídicos para que brinden más y mejores servicios a la población más vulnerable, iv) fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos mediante reformas a la regulación del arbitraje y la conciliación; v) igualmente es un tema central de este proceso de transformación de la administración de justicia su modernización mediante la implementación del expediente electrónico y el uso de las TIC. 

Como puede ver, se trata de un proceso de reforma a la justicia de distintos niveles legislativo y de gestión, que estamos implementando, buscando siempre alcanzar los mayores consensos con las altas cortes y los representantes de los servidores judiciales, en los temas que a ellas conciernen y trabajando para que los proyectos de ley presentados avancen en el Congreso.

Igualmente, el Plan Nacional de Desarrollo prevé la formulación e implementación de modelos de justicia local y rural, proyecto liderado por esta cartera, que se construyen desde una perspectiva étnica, de género, rural y con enfoque diferencial, coherentes con las necesidades y demandas locales de justicia, con especial énfasis en la resolución y prevención de conflictos en las zonas rurales del país.

360: ¿Cómo recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, teniendo en cuenta que usted impulsa pequeñas reformas orientadas, precisamente, a la justicia al ciudadano?

M.C.: Además de las reformas que deben hacerse a leyes y códigos, tenemos que trabajar muy fuerte con todos los que administran justicia, tanto funcionarios judiciales como autoridades administrativas que tienen funciones jurisdiccionales, para mejorar la oferta de justicia en el territorio, agilizar el trámite de los procesos judiciales y modernizar el servicio de justicia. Si logramos aumentar los índices de acceso a la justicia y de satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, ello traerá consigo el retorno de la confianza de la población colombiana en las instituciones que administran justicia que repercute al fin y al cabo en un país con legalidad, emprendimiento y equidad.

360: En cuanto a la política de drogas, el Ministerio que usted lidera tiene pendiente el tema del narcotráfico. ¿Cómo atacar este problema de política de seguridad nacional, tal y como lo ha dicho el mismo Gobierno?

M.C.: La Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas – Ruta Futuro es el instrumento adoptado por el Gobierno Nacional a través de la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes del 13 de diciembre de 2018, que busca desde una mirada integral y estratégica reducir el consumo de sustancias psicoactivas, disminuir la disponibilidad de drogas, desarticular las organizaciones criminales, afectar las economías y rentas ilícitas, crear condiciones para la transformación territorial y permitir el tránsito a economías lícitas.

El punto de partida de esta política corresponde al desarrollo de principios y enfoques bajo los cuales se definen estrategias, planes y proyectos para enfrentar el problema de las drogas, los principios buscan una política integral, articulada, con evidencia técnica y científica, con enfoque inclusivo y diferencial, participativa, sostenible,  flexible e innovadora, y los enfoques se orientan a garantizar los derechos humanos, la salud pública, la seguridad ciudadana, el desarrollo territorial, el desarrollo humano y el ordenamiento ambiental.

Esta política está fundamentada en cuatro pilares o ejes temáticos estratégicos y un pilar transversal:

  1. Pilar 1. Reducir el consumo de sustancias psicoactivas
  2. Pilar 2. Reducir la disponibilidad de drogas ilícitas
  3. Pilar 3. Desarticular las estructuras y redes criminales
  4. Pilar 4. Afectar las economías y rentas criminales
  5. Pilar 5. Transversal: corresponde a la transformación del territorio, en un modelo de tránsito a las economías lícitas y cuenta con cinco objetivos: i)Generar condiciones territoriales para impulsar las economías lícitas rurales y urbanas, en un marco de sostenibilidad ambiental; ii) Posicionar a nivel internacional la Política Ruta Futuro, y gestionar el apoyo de cooperantes y sector privado para la implementación de ésta; iii) Impulsar la coordinación y la articulación institucional para el cumplimiento de las metas estratégicas; iv) Impulsar la generación de conocimiento, seguimiento y evaluación de la Política Ruta Futuro; v) Asegurar la disponibilidad de sustancias sometidas a fiscalización y el acceso a ellas con fines exclusivamente médicos y científicos, e impedir su desviación.

A partir de febrero de este año el Ministerio de Justicia y del Derecho viene elaborando de manera articulada y concertada con 28 entidades del nivel nacional, a través de 90 mesas técnicas o reuniones bilaterales, el Plan de Acción de la Política Ruta Futuro que será la hoja de ruta del Gobierno Nacional y del país para avanzar en los próximos 4 años en la consecución de metas y resultados sostenibles de resultado e impacto.

Este Plan de Acción debe ser aprobado en sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes y su seguimiento estará en cabeza de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, a través del Centro Estratégico de Seguimiento y Evaluación, el cual se enmarcará en el Observatorio de Drogas de Colombia como órgano oficial de generación de evidencia, conocimiento, seguimiento y evaluación de la Política de Drogas en Colombia.