El Gobierno Nacional oficializó el salario mínimo que regirá en 2026 mientras el Consejo de Estado toma una decisión definitiva sobre la legalidad del aumento decretado a finales de 2025. A través del Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026, el Ejecutivo fijó de manera transitoria la remuneración básica mensual en $1.750.905, cifra que, sumada al auxilio de transporte, completa los $2 millones y que ya se viene aplicando desde el primero de enero.
Con esta decisión, la administración del presidente Gustavo Petro busca dar seguridad jurídica en medio de un proceso judicial que mantiene en vilo uno de los temas más sensibles para trabajadores y empresarios. El decreto responde a una orden que exigía expedir un acto administrativo provisional mientras avanza la demanda de nulidad contra el aumento previamente establecido.
Decreto 0159 fija salario mínimo de 2026 en $1.750.905 mientras el Consejo de Estado define su legalidad
Aunque el valor final ya era conocido, el documento incorpora una amplia sustentación técnica que explica cómo se llegó al incremento del 23%. Allí se distingue entre los criterios económicos tradicionales previstos en la Ley 278 de 1996 y un componente adicional basado en el carácter “vital y móvil” del salario mínimo consagrado en la Constitución.
Según el decreto, si se hubieran aplicado únicamente los parámetros técnicos históricos coma la inflación esperada, productividad, crecimiento económico y participación de los salarios en el ingreso nacional, el ajuste habría sido de 13,6%.
Ese cálculo, respaldado en cifras oficiales del Dane y del Banco de la República, se aproxima tanto a las propuestas presentadas por sectores empresariales como a las aspiraciones de las centrales obreras durante la negociación.
En detalle, la inflación proyectada garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo; la productividad total de factores, estimada en 0,91%, y el crecimiento económico cercano al 2,9% reflejaban condiciones de sostenibilidad; mientras que la contribución de los salarios al ingreso nacional aportaba 4,46 puntos porcentuales adicionales. La suma de estos elementos arrojaba un incremento técnicamente inferior al finalmente adoptado.
No obstante, el Gobierno sostiene que limitar el ajuste a esos factores sería insuficiente frente al mandato constitucional. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, defendió que los parámetros legales resultan restrictivos si no se interpretan de forma armónica con el principio de salario vital, que busca asegurar condiciones dignas para el trabajador y su familia.
Bajo esa perspectiva, el decreto incorpora como referencia la metodología de salario vital desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo. El análisis compara la canasta asociada al salario mínimo vigente en 2025 con la estimación de ingreso suficiente calculada bajo ese enfoque y concluye que existía una brecha cercana al 23%.
De acuerdo con el documento, el Ejecutivo decidió cerrar parcialmente esa distancia en 9,4 puntos porcentuales, los cuales se sumaron al 13,6% derivado de los criterios técnicos tradicionales para alcanzar el aumento total del 23%. En otras palabras, el incremento final no responde únicamente a una fórmula económica, sino a una decisión de política pública que integra variables distributivas y sociales.
El Gobierno argumenta que el contexto macroeconómico marcado por la desaceleración de la inflación, el crecimiento reciente y una reducción del desempleo permite un aumento real del ingreso sin comprometer la estabilidad. Además, destaca que la medida beneficia de manera directa a cerca de 2,4 millones de trabajadores y de forma indirecta a más de seis millones cuyos ingresos se ubican entre uno y dos salarios mínimos.
Más allá de la cifra, el debate ahora se traslada al plano jurídico. Será el Consejo de Estado el encargado de definir si el Ejecutivo puede ampliar la interpretación de los criterios técnicos tradicionales para incorporar el concepto constitucional de salario vital como fundamento adicional en la fijación salarial.
Mientras se produce ese fallo, el salario mínimo de $1.750.905 más el auxilio de transporte continuará vigente. Así, el país entra en una nueva etapa de discusión donde no solo está en juego el monto del ingreso básico, sino también el alcance de la política laboral y la forma en que se armonizan los parámetros económicos con los mandatos constitucionales.
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