Para rematar, inseguridad creciente

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La inseguridad sigue creciendo en Colombia, pues el pasado fue el segundo año con más homicidios desde el acuerdo con las Farc. Entre agosto y diciembre del 22 asesinaron 72 líderes sociales.


Por: Rafael Nieto Loaiza

  El pasado fue el segundo año con más homicidios desde el acuerdo con las Farc. Entre agosto y diciembre del 22 asesinaron 72 líderes sociales, un 6% más que en el mismo período del 2021. Los secuestros aumentaron un 27% en el 2022.

El Gobierno renuncia a la erradicación y los resultados de incautaciones se desploman: en enero y febrero de este año cayeron un 39% en comparación con el 2022.

En marzo, el ELN realizó el mayor número de acciones ofensivas en el último año, el triple de su promedio mensual. Mientras, las disidencias de las Farc anuncian la refundación del frente 53 en Cundinamarca y el Meta.

Petro haría bien en corregir

Como antes, los grupos violentos se nutren del narcotráfico y hoy todos sin excepción son mafiosos. Es indispensable reactivar la lucha contra el narco, incluyendo la erradicación forzada. Es necesario pero no suficiente el control militar de área: se requiere también el control institucional integral del territorio.

La Paz Total es una falacia. Pero si se decide continuar con las conversaciones simultáneas es urgente al menos aprender las lecciones de las negociaciones pasadas. Estaos en el peor escenario: ceses unilaterales donde se paraliza la acción de la Fuerza Pública y no se exige a los violentos ni dejar de enfrentarse entre sí ni parar sus crímenes contra los civiles.

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Sin presión militar constante no habrá jamás negociaciones serias, por muchos prebendas jurídicas y políticas que se les ofrezcan. Si los beneficios de continuar con la violencia son mayores que los costos, ahí seguirán.

Es indispensable contar con unas Fuerzas Militares y una Policía vigorosas, bien dotadas, y con alta moral. Para ello es necesario que tengan respaldo político, certeza de que habrá apoyo operacional cuando lo requieran, y seguridad jurídica para el uso legítimo de la fuerza. Unas Fuerzas Armadas paralizadas no solo dan ventaja incalculable a los violentos sino significan que la ciudadanía queda desprotegida.

La criminalidad organizada y la delincuencia común proliferan en medio de un conflicto que ocupa el grueso de los recursos. A ocho meses de gobierno no hay todavía una política gubernamental de seguridad.

Finalmente, la seguridad no resulta de radicalismos ideológicos ni puede venir de odios y venganzas. Si a la evidente desaceleración económica que estamos viviendo se suma una agudización de la inseguridad, estaremos en el peor de los mundos. Y el costo político para el gobierno será impagable.

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