Por: Jhonatan Ortiz
Nueve días llevan las protestas en los despachos, por dos decisiones que tomó el Consejo Superior de la Judicatura de diciembre pasado y que hoy los funcionarios de Asonal pretenden eliminar.
Se trata de los acuerdos 10442 y 10445 del 16 de diciembre, que pusieron en marcha los centros de servicio judiciales para apoyar a juzgados civiles y de familia, importante avance para instaurar la oralidad en esas áreas, como ya sucede en la justicia penal, pero según los jueces, con esta medida la Judicatura lesionó la administración de justicia, pues les quitó funcionarios que cumplían labores administrativas claves en sus despachos: el escribiente, el notificador y el secretario, para ponerlos a órdenes de los centros de servicio. Además aseguran que a esos funcionarios se les pagará menos.
Sin embargo, desde el sistema judicial aseguran que la molestia de los jueces es porque pierden la capacidad burocrática, pues esos nombramientos eran hechos por estos, y con la implementación de la oralidad, no serán necesarios en cada despacho. También niegan que se haya ordenado recortes de sueldos al reasignar funciones.
Cerca de 100 mil procesos civiles y de familia se ven afectados por este paro que los jueces de esas especialidades iniciaron al regresar de vacaciones colectivas de fin de año.