La estabilidad operativa de la principal empresa petrolera de Colombia Ecopetrol afronta una jornada crítica. La Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera (USO) decretó oficialmente un cese de actividades de 24 horas en todas las instalaciones y campos de producción de Ecopetrol a nivel nacional. La medida de fuerza responde, según los líderes gremiales, a un estancamiento absoluto en los diálogos para estructurar la nueva Convención Colectiva de Trabajo, un proceso que completó 25 días consecutivos en mesas de discusión sin arrojar acuerdos sustanciales.
El detonante principal de esta protesta es lo que la organización de trabajadores califica como una «nula voluntad política» y una estrategia dilatoria por parte de la alta administración de la compañía. El sindicato ha dirigido sus críticas de forma directa hacia Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros, vicepresidenta corporativa de Talento Organizacional de la petrolera, a quien señalan como responsable de bloquear el progreso en los puntos claves del pliego de peticiones.
¿A cuántos trabajadores y departamentos afecta el paro de la USO en Ecopetrol?
A diferencia de otros conflictos centrados únicamente en el factor de asignaciones salariales, el presidente de la USO, Martín Ravelo, detalló que el núcleo de la disputa radica en el futuro estratégico de la estatal. Los trabajadores exigen compromisos institucionales firmes para robustecer el portafolio de inversiones enfocadas en el negocio tradicional de hidrocarburos y gas, argumentando que de ello depende la soberanía energética del país y una transición ecológica sostenible y equilibrada para las regiones productoras.
La postura del sindicato: “Nos movilizamos en defensa de nuestro pliego de peticiones, cuyo eje central es proteger el futuro de la industria petrolera, garantizar la soberanía energética de la Nación y asegurar una transición energética justa, social y sostenible”.
El gremio subraya que esta parálisis en los diálogos repercute en la estabilidad de más de 60.000 operarios del sector minero-energético extendidos en ocho departamentos colombianos, lo que impacta de forma indirecta las condiciones de vida de cerca de 3.5 millones de ciudadanos vinculados a las dinámicas de estas zonas de extracción.
Frente a la parálisis declarada, la administración central de Ecopetrol emitió un pronunciamiento institucional donde ratificó su apego al derecho de asociación laboral y su respeto a la libertad sindical consagrada en la Constitución. La empresa enfatizó que mantiene los canales de diálogo abiertos con los negociadores de la USO y defendió que las sesiones de la etapa de arreglo directo se han conducido bajo parámetros de respeto recíproco y buena fe para consolidar consensos financieros y sociales viables para la compañía.
A fin de contrarrestar el impacto del cese de labores en los campos y refinerías y mitigar los riesgos de desabastecimiento, Ecopetrol confirmó la activación de un robusto plan de contingencia a escala nacional. Esta estrategia operativa busca blindar las redes logísticas de refinación, transporte y distribución de combustibles esenciales mientras concluye la jornada de protestas.
El panorama sigue siendo incierto, dado que la legislación laboral colombiana prevé un marco de hasta 40 días para la fase de arreglo directo. No obstante, con más de la mitad del tiempo agotado y sin consensos firmados, la USO ha advertido con la consigna «si no hay solución, no hay producción», dejando abierta la posibilidad de escalar las protestas si la directiva empresarial no flexibiliza su posición en las próximas horas.
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