La crisis en el sector minero en Colombia se intensifica con un paro indefinido que comenzó en la medianoche del lunes y avanza en varios municipios, obstaculizando el paso de vehículos en carreteras nacionales.
Paro minero indefinido en Colombia: luchas por la formalización y seguridad laboral
Los mineros protestan por la inacción del gobierno en relación con las promesas de formalización de la minería ilegal, un proceso que, según ellos, es crucial para que puedan operar de manera segura y dentro del marco legal.
Uno de los principales puntos de contención es el Decreto 1035, emitido el 14 de agosto de 2024, que otorga a la Fuerza Pública la facultad de destruir o neutralizar maquinaria pesada utilizada en la exploración o explotación de minerales sin un título minero. Los manifestantes consideran este decreto como una amenaza directa para su medio de vida.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ha declarado que el gobierno ha estado trabajando durante un año en conjunto con varias carteras para abordar los problemas estructurales del sector minero. Sin embargo, los mineros sienten que sus demandas no son escuchadas y que no tienen representación adecuada en las mesas de negociación.
La Gobernación de Antioquia ha señalado que corresponde al gobierno nacional atender las solicitudes de los mineros, dado que la administración regional ha perdido autonomía en asuntos mineros. A pesar de esto, se comprometió a acompañar las movilizaciones para prevenir alteraciones del orden público y el uso de la fuerza por parte de las autoridades.
Se estima que alrededor de 30,000 mineros de al menos diez municipios de Antioquia y Córdoba se están concentrando en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño. Además de la lucha por la formalización de la minería, los campesinos también se han unido a las movilizaciones en oposición al Decreto 044 de 2024, emitido por el Ministerio de Ambiente, que prohíbe las actividades agrícolas y ganaderas en los páramos colombianos. Los manifestantes afirman que esta medida afectará gravemente la producción agropecuaria y, por ende, la economía de las comunidades locales y del país en general.
Los bloqueos viales han comenzado a ser una constante en la región, afectando la movilidad en el Bajo Cauca y en el norte del Departamento de Antioquia. Según informes de las autoridades, se han registrado cierres en varios puntos clave. En Santo Domingo, por ejemplo, alrededor de 50 mineros han bloqueado la doble calzada Hatillo, que conecta con Cisneros y otras áreas del nordeste antioqueño.
En el municipio de Valdivia, otro bloqueo se ha llevado a cabo con la participación de aproximadamente 150 personas en la estación de servicio Texaco, cerca de la troncal hacia la Costa Atlántica. Asimismo, en Caucasia, se ha reportado un tercer bloqueo en la estación de servicio Primax, con cerca de 55 vehículos atrapados debido a las protestas.
La situación se complica aún más con el cierre del puente sobre el río San Jorge, en el municipio de La Apartada, Córdoba, lo que afecta aún más la movilidad en la región. Ante estos hechos, la Policía de Carreteras ha implementado un cierre preventivo en la vía Los Llanos de Cuivá-Tarazá, buscando mitigar posibles problemas para los transportadores.
Los mineros continúan firmes en su lucha, exigiendo no solo la formalización de sus actividades, sino también condiciones laborales dignas y un diálogo efectivo con el gobierno. Mientras tanto, el país observa de cerca el desarrollo de estas protestas, que reflejan una crisis más profunda en el sector minero colombiano y las complejidades que enfrenta la industria en un contexto de creciente informalidad y desafíos legales.
La resolución de este conflicto no solo impactará a los mineros y sus familias, sino que también tendrá repercusiones significativas en la economía local y nacional. A medida que la situación avanza, se espera que el gobierno reconsidere sus políticas y aborde las inquietudes de quienes dependen de la minería para su sustento.
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