Desde el 21 de octubre, el paro minero en Antioquia ha puesto en jaque la movilidad y economía en ese departamento así como en otras regiones del país.
En este paro participan aproximadamente 33.000 mineros en Antioquia y Córdoba, quienes protestan en rechazo a dos decretos emitidos por el Gobierno Nacional. Según los mineros, estas normativas afectan de manera directa a los trabajadores tradicionales del sector, al regular la minería ilegal y la incautación de maquinaria pesada, fundamental para sus labores diarias.
El paro minero en Antioquia ha tomado fuerza rápidamente, extendiéndose a otras zonas del país como Marmato en Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander y posiblemente el Chocó. Con el pasar de los días, las movilizaciones han generado pérdidas económicas significativas para distintos sectores productivos y de transporte, además de afectar a las comunidades rurales que dependen de esta actividad.
¿Qué detonó el paro minero en Antioquia?
La protesta se centra en dos decretos emitidos recientemente: el Decreto 1035 del Ministerio de Defensa y el Decreto 044 del Ministerio de Ambiente. El primero ordena la destrucción de maquinaria que sea incautada en operaciones relacionadas con la minería ilegal, una medida que ha generado malestar entre los mineros tradicionales, quienes afirman que esta norma no distingue entre quienes practican minería a gran escala y quienes dependen de la minería artesanal para subsistir.
Por otro lado, el Decreto 044 regula las reservas de recursos naturales, impactando directamente las zonas donde se desarrollan estas actividades mineras.
Rubén Gómez, secretario general de Conalminerco, afirmó en declaraciones al periódico El Colombiano que el paro busca visibilizar la situación de los mineros y exigir al Gobierno Nacional una solución. “Durante más de 26 años venimos trabajando por la formalidad y la legalidad de los mineros en el territorio nacional. Hemos atravesado alrededor de 10 u 11 programas de legalización y formalización. Todavía no encontramos la voluntad política para resolver el tema”, expresó Gómez, señalando la frustración de los mineros ante la falta de soluciones concretas por parte del Estado.
Las pérdidas que deja el paro minero en Antioquia
Las afectaciones del paro minero en Antioquia se reflejan, en gran medida, en la cadena logística y de transporte de carga. Según Clarita García, directora ejecutiva de Defencarga, durante los dos primeros días de movilización se han dejado de mover aproximadamente 40.000 toneladas de carga desde y hacia el área metropolitana del Valle de Aburrá hacia ciudades como Cartagena, Buenaventura, Cali y Bucaramanga.
Estas pérdidas de transporte se traducen en serias consecuencias económicas para las empresas, especialmente en este trimestre del año, cuando la demanda de mercancía aumenta debido a la proximidad de la temporada de fin de año.
García agregó que “el impacto económico es muy importante, ya que el tercer trimestre del año es en el que se moviliza una gran cantidad de mercancía para los comerciantes y atender la alta demanda de fin de año. Durante este trimestre del año, todas las empresas requieren el abastecimiento puntual de sus inventarios para poder responder así a la alta demanda”.
De acuerdo con cifras proporcionadas por la Asociación de Transportadores de Antioquia, se estima que las pérdidas para las empresas de transporte superan los $3.000 millones de pesos, y que 10.000 personas no han podido desplazarse debido a los bloqueos en las vías. Además, más de 140.000 horas logísticas se han perdido, lo que ha complicado aún más el panorama para los sectores que dependen de la movilidad terrestre.
Diálogo con el Gobierno: ¿una posible solución?
Ante la escalada de las protestas, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, planteó la necesidad de adelantar un diálogo con los manifestantes para buscar una solución y poner fin al paro minero en Antioquia y otras regiones. Muhammad señaló que “el Gobierno está siempre dispuesto al diálogo y estamos esperando poder instalar mesas de diálogo con los actores. Ha sido una discusión de dos años sobre cómo podemos avanzar en la formalización de los mineros tradicionales”.
La ministra también se refirió a las preocupaciones por el impacto ambiental que genera la minería ilegal en el país, en particular la contaminación por mercurio en el río Cauca. “Respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero al mismo tiempo buscamos desmantelar estas economías ilícitas, esas dragas gigantescas, que realmente lo que están haciendo es una gran afectación al río Cauca”, indicó.
El paro minero coincide con la realización de la COP16 en Cali, lo que ha incrementado la presión sobre el Gobierno para abordar la problemática de la minería ilegal y la formalización del sector. Los manifestantes, por su parte, exigen que el presidente Gustavo Petro cumpla con sus promesas de regularización y formalización del sector minero, sin comprometer el sustento de miles de familias que dependen de esta actividad.
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