El accidentado camino administrativo para la expedición de pasaportes en Colombia suma un nuevo capítulo judicial. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó que mantendrá en pie la demanda de nulidad interpuesta por la Procuraduría General de la Nación contra el convenio internacional que delegó la producción de estos documentos a una entidad pública de Portugal.
La decisión, que representa un espaldarazo a las facultades de vigilancia del Ministerio Público, se produce tras rechazar un recurso de reposición presentado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con esta determinación, la justicia administrativa se dispone a entrar en el fondo de una controversia que pone en duda la legalidad del modelo de contratación directa utilizado por el Gobierno.
Tribunal ratifica demanda contra contrato de pasaportes con firma de Portugal
En su estrategia de defensa, el Fondo Rotatorio de la Cancillería intentó frenar el proceso alegando dos puntos principales:
-
Falta de jurisdicción: Argumentaban que el Tribunal no era la instancia competente para estudiar el caso.
-
Requisito de procedibilidad: Sostenían que no se había agotado la etapa de conciliación previa obligatoria antes de instaurar la demanda.
Sin embargo, el despacho del magistrado ponente, José Élver Muñoz Barrera, fue tajante al desestimar estas pretensiones. El Tribunal aclaró que, dado que la Procuraduría actúa en estricta defensa del interés general y del patrimonio público, no está sujeta a la obligación de conciliación extrajudicial. Esta figura, explicó la corporación, aplica para intereses particulares, pero el Ministerio Público no tiene la potestad de negociar o disponer de derechos colectivos derivados de un contrato estatal.
Por qué es importante: El foco de la disputa es el convenio firmado el 28 de julio de 2025 entre tres actores clave: el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la firma extranjera Imprenta Nacional – Casa da Moeda S.A. de Portugal.
Dicho acuerdo fue concebido para gestionar la producción y personalización de pasaportes, visas y otros documentos de viaje. No obstante, la Procuraduría busca la nulidad absoluta del contrato, argumentando posibles irregularidades en su estructuración. La demanda no solo pretende invalidar el vínculo jurídico, sino que incluye pretensiones económicas de alto impacto: la devolución de los recursos públicos ya desembolsados, sumado a los intereses correspondientes.
Respecto a la cláusula de arbitramento internacional que contempla el contrato, otro de los puntos que la Cancillería pretendía usar como escudo, el Tribunal fue claro en señalar que este debate debe darse en la etapa procesal de excepciones y no mediante un recurso de reposición.
Lea también: FEP 2026: La maquinaria de los 208 millones de oyentes aterriza en Bogotá
