El Defensor del Pueblo no solo hizo un balance del año, también hizo recomendaciones con respecto a la paz total del Gobierno de Gustavo Petro y señaló los desafíos que se vienen para el 2023 en el país.
Este contenido hace parte de la séptima edición de Revista 360 y cuenta con la participación de más de 70 invitados de todos los principales sectores económicos, productivos y políticos de Colombia. Ministros, líderes gremiales, líderes en áreas de la construcción, sectores bancarios, logística e infraestructura, telecomunicaciones, gobernantes regionales, analistas, economistas, entre otros.
360 Revista: ¿Cuál es el balance que realiza de este año teniendo en cuenta su gestión como Defensor del Pueblo?
Carlos Camargo (C.C.): El escenario actual del país nos plantea retos inmensos, que nos muestran un contexto de vulneraciones masivas a los Derechos Humanos generadas, por ejemplo, por grupos armados organizados, motivados por el control de las economías ilegales.
Para ello fortalecimos nuestro Sistema de Alertas Tempranas (SAT), cuyo propósito fundamental es monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo de la población civil por los efectos del conflicto armado interno, y promover acciones preventivas que protejan y garanticen los derechos de las personas.
El SAT emitió este año 17 alertas de carácter estructural y 13 de carácter inminente, cuyas advertencias estuvieron focalizadas en 20 departamentos (incluyendo Bogotá D.C.) y 84 municipios. Además, hemos mejorado las capacidades de nuestros analistas en terreno y el seguimiento a las alertas emitidas, monitoreando la evolución de los factores de riesgo en los territorios advertidos y la capacidad de respuesta de las autoridades de los distintos órdenes.
Hay otros temas en los que Colombia presenta enormes desafíos, como son la migración de miles de extranjeros por el Tapón del Darién. Este año esa crisis es mucho más grave que la registrada en 2021, primero porque la cantidad de personas en movilidad humana que han pasado hacia Panamá supera, a la fecha, las 150.000 en comparación con los 134.000 migrantes en todo 2021 y la tendencia es a seguir aumentando. Y segundo porque las condiciones de vulnerabilidad económica son evidentes y generan que haya más ciudadanos expuestos a ser involucrados en el accionar de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales.
360 Revista: Finalizando el mes de julio ustedes presentaron el boletín semestral de derechos humanos, allí se puede encontrar el comportamiento y el análisis de las conductas a las que de manera más detallada ustedes les han hecho un especial seguimiento en este año, como en desplazamiento forzado, tutelas en salud, violencia basada en género, desaparición forzada y amenazas a dirigentes y activistas sindicales.
El año termina y teniendo en cuenta que esta edición de Revista 360 reúne lo más relevante del año, ¿qué puede precisar al respecto?
C.C.: Siempre hay retos en la promoción y protección de los Derechos Humanos y en la Defensoría del Pueblo estamos permanentemente haciendo análisis con nuestro Centro de Estudios en Derechos Humanos que son fundamentales para el acompañamiento y seguimiento a las políticas públicas.
Este año notamos con preocupación, y así lo hemos alertado, el recrudecimiento del desplazamiento forzado: desde enero a la fecha 47.693 personas salieron huyendo de sus territorios, de las cuales 41% forma parte de comunidades negras, el 32 % de población indígena y el 27 % restante de población campesina. Este panorama evidencia que los desplazamientos forzados masivos se están concentrando en los territorios étnicos del país, que geográficamente son los más vulnerables.
De otra parte, las barreras de acceso a la salud y otras vulneraciones en este derecho siguen siendo recurrentes en el país. Las tutelas entre enero y mayo por estos temas se incrementaron 30,3 % con relación al mismo período de 2021, y en violencia de género atendimos en el primer semestre del año 1.763 casos, es decir, un promedio de diez diarios. Otra situación que es alarmante es el asesinato de menores de edad, pues este año se han presentado 426 casos, 30 más que los registrados en los 365 días de 2021, y nos preocupa que continúan los homicidios contra líderes sociales y defensores de DD. HH.: en los primeros 8 meses asesinaron a 136 personas de este sector.
Se requieren esfuerzos conjuntos de las entidades del Estado y de los demás sectores del país, no solo para hacer radiografías de la situación de los derechos en Colombia, sino para estructurar planes, programas y acciones, y, sobre todo, implementarlas, pasar a la acción. De parte nuestra siempre hemos estado atentos y abiertos, como lo hemos expresado en todos los escenarios y en nuestros constantes llamados, a catalizar y mediar en todo lo que se requiera.
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360 Revista: ¿Cuál sería su consejo o aporte para que la paz total salga bien y no cometa los errores del pasado?
C.C.: Para que el proceso sea fructífero debe construirse teniendo en cuenta la participación de las víctimas y una clara diferenciación y caracterización, tanto de los grupos que participen como de los territorios que fueron afectados. Desde la Defensoría del Pueblo sabemos que no hay soluciones mágicas y que el diálogo solo es el primer paso, pero la paz se consigue con la reconstrucción del tejido social afectado. Es clave la presencia activa del Estado en el territorio con el mejoramiento de los servicios públicos para superar la pobreza. Es importante saber cómo se va a atender a la gente.
360 Revista: ¿Cómo esperan afrontar el año 2023 desde la Defensoría del Pueblo?
C.C.: Para la Defensoría Del Pueblo el próximo año plantea retos muy importantes en materia de derechos económicos sociales y culturales, sobre todo en torno a la posible recesión de la que ya se ha hecho mención por algunas autoridades y que puede generar impactos especialmente en las comunidades más vulnerables. Además, nuestra gestión permanente en defensa de los líderes y defensores de derechos humanos implica también trabajar para su protección y seguir emitiendo las alertas tempranas, así como verificar su cumplimiento, especialmente en el marco de los diálogos de paz, en los cuales también tendremos un rol protagónico.
Finalmente, hemos venido trabajando el tema de hacinamiento carcelario y esperamos que el año 2023 genere cambios importantes como resultado de las recomendaciones que hemos venido haciendo, pero sobre todo, a partir del próximo año empieza la implementación de la defensoría 5.0, esto es toda la plataforma virtual que hemos colocado al servicio de la ciudadanía y que nos permitirá ser más ágiles y efectivos en nuestra labor de acompañamiento a todos y a todos los que habitan nuestro territorio.
