El futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vuelve al centro de la discusión política en Colombia, esta vez por una iniciativa anunciada por el senador Enrique Gómez, quien prepara un acto legislativo con el que busca impedir una eventual extensión del periodo de funcionamiento de la JEP y trasladar la etapa de juicio a los tribunales de Justicia y Paz.
La propuesta fue presentada por Gómez durante una entrevista con Mañanas Blu, donde también planteó modificaciones al presupuesto de la jurisdicción para 2027, bajo el argumento de que parte de esos recursos podría destinarse a fortalecer la justicia ordinaria y atender la congestión que existe en diferentes despachos judiciales.
El senador sostuvo que la JEP solicitó más de $800.000 millones para la próxima vigencia y propuso revisar gastos relacionados con contratos de prestación de servicios, arrendamientos y viáticos, además de cuestionar el tamaño de la estructura administrativa de la entidad, estos planteamientos corresponden a las cifras y apreciaciones expuestas por Gómez durante la entrevista.
La propuesta busca modificar el tiempo de funcionamiento de la JEP
El componente central de la iniciativa está relacionado con la duración de la jurisdicción, Gómez anunció que su intención es eliminar la posibilidad de una prórroga y evitar que los cinco años adicionales contemplados por el ordenamiento sean desarrollados por la JEP, planteando que esa fase pueda quedar en manos de los tribunales de Justicia y Paz.
Actualmente, el marco constitucional establece una duración inicial de 15 años para la JEP, distribuida entre el periodo destinado al ejercicio de la acción penal y una etapa posterior para concluir su actividad jurisdiccional, además, la Corte Constitucional determinó que existe la posibilidad de una prórroga de cinco años bajo determinadas condiciones y mediante una ley estatutaria.
La propia JEP ha señalado en documentos institucionales que su diseño contempla esos 15 años y ha analizado las condiciones jurídicas para una eventual ampliación, mientras que el debate sobre los tiempos necesarios para culminar los procesos continúa abierto.
Gómez plantea que la eventual fase adicional no se desarrolle dentro de la JEP, sino en los tribunales de Justicia y Paz, una modificación que requeriría cambios en el marco jurídico que regula el funcionamiento de la jurisdicción.
En paralelo, el senador busca intervenir en la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, proponiendo reducir los recursos asignados a la JEP y redireccionar parte de ellos hacia otras necesidades de la Rama Judicial.
La iniciativa anunciada se suma al debate sobre el futuro de la justicia transicional, mientras la JEP continúa adelantando investigaciones, juicios y decisiones dentro de los macrocasos bajo su competencia. En 2026, la Corte Constitucional también ha emitido decisiones relacionadas con el régimen de sanciones de esta jurisdicción.
Por ahora, el acto legislativo anunciado por Gómez deberá ser presentado formalmente ante el Congreso para iniciar su trámite, escenario en el que se discutirá tanto su alcance como sus implicaciones constitucionales y jurídicas.
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