El presidente Gustavo Petro cuestionó duramente el allanamiento realizado este martes a la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, calificando el procedimiento como un “secuestro” y acusando a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, de actuar movida por el odio.
Petro denuncia abuso judicial y califica como “secuestro” el allanamiento a la casa de Armando Benedetti
A través de su cuenta en X, el mandatario escribió: “Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producido por una magistrada de la Corte Suprema víctima de su propio odio.” Con esas palabras, Petro expresó su respaldo al ministro y se sumó a las denuncias de Benedetti, quien aseguró que el procedimiento judicial fue arbitrario y que hace parte de una “persecución” en su contra.
La diligencia, ordenada por la magistrada Lombana, generó una fuerte reacción política dentro del Gobierno, que considera que la actuación de la Corte no tiene fundamento legal, pues Benedetti dejó de ser congresista hace más de tres años. El propio ministro señaló que la Corte sólo tiene competencia para investigar a parlamentarios en ejercicio y que los hechos que se le atribuyen habrían ocurrido después de su paso por el Congreso.
Petro, quien en diferentes ocasiones ha cuestionado el papel de algunos sectores de la justicia frente a su Gobierno, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la independencia judicial y el uso del poder para fines políticos. Si bien el presidente no mencionó directamente a la magistrada Lombana por su nombre, su mensaje fue interpretado como un apoyo directo a Benedetti y una crítica al sistema judicial que, según él, estaría actuando por motivaciones personales.
El mandatario también hizo énfasis en el carácter “ilegal” del procedimiento, señalando que el allanamiento, más que una medida judicial, se habría convertido en una acción abusiva. Su declaración se da en medio de un ambiente político tenso, marcado por las investigaciones que rodean a varios funcionarios del actual Gobierno y por los roces institucionales entre la Casa de Nariño y la Corte Suprema.
Por su parte, Benedetti anunció que llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidió la intervención del procurador general. En su defensa, reiteró que no existen pruebas en su contra y acusó a la magistrada Lombana de ordenar pesquisas contra más de 50 de sus familiares, incluidos sus hijos menores de edad.
La controversia sigue creciendo y promete escalar en los próximos días, mientras el presidente Petro insiste en que lo ocurrido constituye una vulneración grave a los derechos fundamentales del ministro y su familia.
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