El comportamiento de los cultivos de hoja de coca en Colombia vuelve al centro del debate público tras la presentación de nuevas cifras y análisis desde el Gobierno Nacional. Según los datos más recientes, basados en monitoreo satelital, el país cerró 2025 con cerca de 258.000 hectáreas de cultivos activos, lo que representa una leve disminución frente a los picos registrados en años anteriores.
Durante una intervención pública, el presidente Gustavo Petro explicó que estas cifras corresponden a mediciones realizadas a través del sistema SIIMA de la Policía Nacional, que permite diferenciar entre cultivos productivos y áreas abandonadas. Según el mandatario, este nivel de detalle evita interpretaciones erróneas sobre la extensión real del problema.
El presidente Gustavo Petro asegura que los cultivos de coca bajaron en 2025
El análisis oficial sostiene que, aunque las imágenes satelitales pueden generar la impresión de una cobertura más amplia, en realidad los cultivos ocupan cerca del 0,23 % del territorio nacional, concentrados principalmente en zonas selváticas y de difícil acceso. Además, se identifican alrededor de 52.000 hectáreas de cultivos abandonados, lo que forma parte de la dinámica de transformación en estos territorios.
El Gobierno también hizo énfasis en la evolución histórica del fenómeno. De acuerdo con las cifras presentadas, el crecimiento más acelerado de los cultivos se registró entre 2020 y 2023, periodo en el que se alcanzaron niveles cercanos a las 262.000 hectáreas. Este incremento se produjo durante la administración de Iván Duque, en un contexto marcado por la pandemia y estrategias de erradicación que, según la actual administración, no lograron contener la expansión.
En contraste, el Ejecutivo asegura que desde 2024 se ha observado una tendencia de estabilización e incluso reducción, con tres descensos consecutivos en los registros trimestrales más recientes. Aunque el propio Gobierno reconoce que no se trata de una caída drástica, sí la considera una señal de cambio en la dinámica del fenómeno.
Uno de los puntos centrales del discurso oficial es la efectividad de la sustitución voluntaria de cultivos como herramienta para enfrentar el problema. Según Petro, esta estrategia ha comenzado a mostrar resultados al ofrecer alternativas económicas a las comunidades campesinas, en lugar de recurrir exclusivamente a la erradicación forzada o la aspersión aérea.
El mandatario también cuestionó mediciones previas realizadas por organismos internacionales, señalando posibles inconsistencias en los métodos utilizados en el pasado. En ese sentido, insistió en la necesidad de ajustar los sistemas de monitoreo para reflejar con mayor precisión la realidad en el terreno.
Más allá de las cifras, el Gobierno vinculó la problemática de los cultivos ilícitos con la persistencia de economías ilegales y la presencia de grupos armados en varias regiones del país. Según el análisis oficial, la disputa por el control de estos territorios sigue siendo un factor clave en los niveles de violencia.
El debate sobre la evolución de los cultivos de coca continúa abierto. Mientras el Gobierno defiende sus resultados y apuesta por un cambio de enfoque, distintos sectores insisten en la necesidad de evaluar de manera independiente el impacto real de las políticas implementadas. En medio de este panorama, el comportamiento de las cifras en 2026 será determinante para medir la efectividad de la estrategia actual.
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